Educación popular y mujeres migrantes: aportes desde una experiencia en Mendoza, Argentina

Argentina ha sido históricamente un país receptor de flujos migratorios. Desde principios del siglo pasado han llegado a este territorio personas de diferentes continentes quienes, huyendo de las guerras, el empobrecimiento y las persecuciones políticas decidieron migrar hacia Argentina en busca de mejores condiciones de vida. No obstante, y a pesar de que actualmente la población extranjera solo representa el 4% de la población total, la visión que predomina hoy con respecto a las migraciones profundiza el conservadurismo, la xenofobia, el neoliberalismo y el sexismo.

Argentina cuenta con la ley de migraciones 25.871 de 2004 (reglamentada en el 2010), que es considerada como ejemplar a nivel regional y mundial por su perspectiva de derechos humanos. Es resultado de las luchas históricas de movimientos sociales en el país que impulsaron el tema migratorio en la agenda política del Estado. Las leyes expresan los conflictos, acuerdos y tensiones de los grupos sociales y las relaciones de fuerza presentes en un momento histórico y social determinado; expresa las visiones y orientaciones acerca de lo que en una sociedad se establece como necesario y deseable [1]. Esta ley en vigencia reconoce el derecho a migrar como un derecho humano, y establece que se debe garantizar el acceso a la salud, educación, trabajo y servicios sociales para lxs migrantes cualquiera sea la situación migratoria, instando al Estado a promover y garantizar la regularidad. Encontramos, sin embargo, algunas omisiones y vacíos en la Ley como la falta de perspectiva de género y el no reconocimiento de derechos políticos de migrantes que buscan residir de manera permanente.

La Ley 25.871 fue sancionada en tiempos de avances notables en cuanto a la sanción de leyes de protección de derechos, especialmente destinadas al reconocimiento de derechos de las mujeres [2]. Estos avances legislativos, si bien no logran revertir condiciones de desigualdad, tienen impactos socioculturales e institucionales importantes. No obstante, continúa siendo un desafío la perspectiva intercultural, tanto en la normativa como en las prácticas institucionales de los diferentes servicios públicos.

Reconociendo sus limitaciones, la Ley 25.871 es una herramienta fundamental para la defensa de derechos humanos de las personas migrantes en el país. Sin embargo, hoy es una ley que debemos defender, pues en el marco del gobierno neoliberal actual, ha sufrido importantes arremetidas que violan los derechos de la población migrante. A través de la modificación del DNU 70/2017 [3], se han acelerado los procesos de expulsión de personas migrantes con antecedentes penales (incluso penas ya cumplidas), se redujo la posibilidad de excepción por reunificación familiar o razones humanitarias y se han modificado las leyes de ciudadanía. También existe la amenaza de creación de una cárcel para migrantes, del aumento exponencial del valor de las tasas para radicarse en el país, de un cambio en el sistema para realizar los trámites migratorios que exige alfabetización informática y de restricciones en el acceso a las prestaciones sociales, entre otras, que avasallan los derechos de este colectivo y promueven una visión de criminalización sobre las migraciones.

Los casos de expulsiones exprés (ejecutados en tres días) han ido en asombroso incremento. Un ejemplo emblemático de esta profundización del conservadurismo, xenofobia y sexismo, es el caso de Vanessa Gómez Cuevas, mujer peruana residente en Argentina desde hace 15 años. En enero de 2019 fue llevada mediante engaños por la policía, pues le dijeron que debía ir a firmar una notificación y lo que realmente sucedió es que ese mismo día la deportaron a su país natal junto a su hijo de 2 años, bajo el argumento de tener antecedentes penales, aunque ya había cumplido su condena. Sus otros dos hijos menores de edad quedaban desprotegidos en Argentina. La deportación incluía la prohibición de reingresar a Argentina, pero gracias a la lucha social y jurídica de diversos movimientos y organismos de derechos humanos y de mujeres, la policía levantó la restricción el 2 de septiembre. Sin embargo, este no ha sido un caso aislado: la política del gobierno en los últimos años es la expulsión del país sin ponderar el interés superior de lxs niñxs y el derecho a la reunificación familiar. La separación de familias por expulsiones basadas en condenas ya cumplidas representa una doble condena para las mujeres migrantes y sus hijxs.

En Argentina el movimiento de mujeres expresa gran capacidad para hacer valer agenda en el espacio público. Las mujeres han salido con fuerza a impugnar determinados regímenes para conquistar ampliaciones de derecho.

Mujeres migrantes en Mendoza: ciudadanías y proceso desde la Asociación Ecuménica de Cuya (AEC)

Si bien hay un clima generalizado en el país de retroceso en cuanto a la política migrante, cada provincia muestra diferentes realidades. En función de los propósitos de este artículo, nos referiremos a la provincia de Mendoza donde las poblaciones observadas tienen mayores dificultades para el acceso a derechos, principalmente las de origen latinoamericano (Bolivia, Venezuela, Colombia, Chile, Perú) y en menor medida, caribeña (Haití).

Dentro de las principales actividades a las que se dedica la población migrante se encuentran el sector de producción agrícola, el comercio, la construcción, el cuidado de personas, y el trabajo doméstico. Muchas de estas actividades se llevan a cabo desde la informalidad, lo cual expone a las personas a una mayor explotación laboral sin prestaciones sociales de ley. En contextos de crisis socioeconómicas, como la que vive Argentina, las políticas de ajustes afectan especialmente a las mujeres y terminan constituyéndose en políticas de expulsión.

En cuanto a servicios básicos para el goce de ciudadanías plenas, como regularización migratoria, salud y educación, se observan trabas en las instituciones para el acceso efectivo. Por ejemplo, el desconocimiento de la ley de migraciones por parte de lxs funcionarixs públicxs, información poco clara, burocracias excesivas, barreras de idioma para poblaciones que no hablan castellano (sino quechua, aymará, creole, francés), hasta prácticas discriminatorias. En este sentido, es importante reconocer que las mujeres migrantes no son débiles o vulnerables, sino que son las dificultades de la política migratoria y de los estados las que vulneran sus derechos.

Para las mujeres esto se agrava: ellas como principal sostén de familia viven el rigor de jornadas intensivas de trabajo productivo y de cuidados, pues ante la ausencia de redes de apoyo para el cuidado de sus hijxs o personas a cargo, acceden a trabajos precarizados en donde su salud e integridad corren serios riesgos. Esto es una forma concreta de opresión por género. Las mujeres racializadas (indígenas y afrodescendientes) cargan además con esa vivencia de la discriminación racista, y en particular las afrodescendientes padecen el acoso sexual por el prejuicio que las asocia a la prostitución. Estas condiciones limitan la posibilidad de una vida digna.

Pese a esta difícil situación, las mujeres migrantes llevan adelante luchas organizadas que no solamente tienen que ver con la sobrevivencia material de sus familias, sino que luchan por posicionarse como sujetas políticas dentro de sus comunidades, en las instituciones y en la sociedad en general. Ellas vienen irrumpiendo la lógica que asocia a las mujeres migrantes como vulnerables, y se abren camino para instalar sus demandas con sus propuestas de acción tendientes a una emancipación económica, socio cultural, ambiental y política.

Y es en ese transitar de acciones políticas y pedagógicas que la Asociación Ecuménica de Cuyo (AEC) comienza en el año 2013 procesos de acompañamiento y fortalecimiento de las mujeres migrantes en diferentes territorios de la provincia, con distintas problemáticas y temas a abordar, siempre a partir de las necesidades e intereses de las mujeres o las organizaciones de las que hacen parte.

Las perspectivas de abordaje se fundamentan en la educación popular y en pedagogías feministas del Sur. Se trata de construir conocimientos desde el diálogo horizontal y de la valoración de las mujeres como sujetas que portan saberes y tienen palabra propia, una apuesta donde se pondera el trabajo colectivo, la reflexión y la participación, con una mirada crítica de la realidad que problematiza los sistemas de opresión colonial, patriarcal y capitalista.

La AEC ha realizado procesos de alfabetización, recuperación del Telar Andino como apuesta de valoración y (re)construcción de memorias ancestrales. Asimismo, grupos de formación en derechos de mujeres migrantes y herramientas para su defensa; estímulo de prácticas culturales como posibilidad de fortalecer las comunidades y de instalar demandas en lo público; recuperación de saberes propios de los lugares de origen de las mujeres (un recetario de comidas de sus países de origen, por ejemplo). También se apuesta al fortalecimiento de sus identidades para la interlocución con actores institucionales y sociales, impulsando la construcción y el fortalecimiento de redes de migrantes y la participación en encuentros a nivel nacional. Desde estas acciones nos proponemos instalar una visión contrahegemónica, sosteniendo que las migrantes no son una amenaza ni un problema, y reconociendo que su presencia y participación es un valioso aporte para la construcción de democracias inclusivas, interculturales y multiétnicas.

Aprendizajes construidos colectivamente

A partir del trabajo realizado en la AEC, reconocemos como necesario propiciar espacios de encuentro con y entre mujeres migrantes, pues esto permite reconocer realidades que no son visibles en la cotidianidad de las instituciones o comunidades (violencias de género, por ejemplo). Esos encuentros también permiten cimentar confianzas y relaciones solidarias entre mujeres, espacios en donde es urgente la formación política que aporte herramientas (legales, teóricas, recursos institucionales internacionales, etc.) para una defensa más sólida por el acceso a una vida digna.

La educación popular y las pedagogías feministas del Sur nos han permitido crecer como equipo de trabajo y ampliar la mirada en el acompañamiento a las mujeres migrantes. Nos han permitido reflexionar permanentemente sobre nuestra posición con respecto a las poblaciones y mujeres migrantes, intentando una toma de conciencia para descolonizar nuestras prácticas y formas de entender la realidad. Desde allí, lo colectivo desde la heterogeneidad es muy significativo, y se hace necesario por ello propiciar encuentros, articulaciones y redes, así como trabajar en territorios de alta presencia de población migrante. Esto significa salir a buscar a las personas en vez de esperar que lleguen a nosotras en busca de asesoría.

Desde nuestro espacio de trabajo afirmamos que las mujeres migrantes son sujetas políticas. Esto implica reconocer que no son víctimas, sino mujeres que toman decisiones respecto a su movilidad y su vida. Desde la educación popular buscamos aportar espacios que les permitan encontrarse y abrazar sus historias, construir “un nosotras”, una voz colectiva y una acción común que las visibilice y exprese.

Foto: Encuentro de formación de mujeres migrantes. Cortesía de las autoras. 

Notas: 

[1] Novick, S. (2008). “Migración y políticas en Argentina: tres leyes para un país extenso”, en Novick, Susana (comp.) Las migraciones en América Latina. Políticas, cultura y estrategias. Buenos Aires, Catálogos.
[2] Se han promulgado varias leyes en este sentido: la Ley 26.485 sobre la Protección Integral a las Mujeres, la Ley 26.743 sobre Identidad de Género, Ley 25.673 sobre el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley Nº 25.929 de Parto Humanizado, la Ley 26.150 sobre un Programa Nacional De Educación Sexual Integral, entre otras.
[3] Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) es una atribución del poder ejecutivo que permite que el presidente se atribuya facultades legislativas en casos de “necesidad y urgencia” para los que se requiere una respuesta rápida. Sin embargo, su utilización a veces encubre (como en este caso) la intencionalidad de evitar el debate y la votación en el parlamento.