10 años después del golpe de estado, Honduras es forzada a migrar

Con frecuencia, la población general del Norte de América no sabe interpretar la tensa situación social y política de Honduras, país bajo la influencia transnacional de Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué tantas manifestaciones de millares de personas, casi de modo continuo, en los últimos 10 años, y por qué es la población forzada a salir masivamente en “caravanas”, pasando por Mexico y Guatemala, hacia este Norte culpable? No hay una respuesta simple y no seria honesto repetir que la gente huye de la extorsión y la violencia que generan las maras, cuya dinámica es organizada y administrada por oficiales de la policía y políticos audaces comprometidos con esas y otras formas de crimen organizado.

Al inicio de junio 2019 en Montreal, yo participé en una caminata en solidaridad con los 69 millones de personas desarraigadas en el mundo por diversas causas, como yo mismo. Esas causas incluyen la violencia armada, la pobreza extrema y la desigualdad, cuales son formas violentas igualmente extremas, el crimen organizado incluyendo la corrupción, y la fuente de todo eso: la impunidad.La actividad fue organizada por Desarrollo y Paz en alianza con otros actores sociales. Al cierre de la jornada, compartí mi historia de exilio político aquí en Canadá y otras personas de África hicieron lo mismo. En la mayoría de los casos, coincidimos en que “migrar” no fue una elección feliz, sino una decisión tomada bajo la presión de circunstancias difíciles o trágicas.Yo llegué huyendo a este país hace casi tres años, después de sobrevivir en mayo de 2016 a dos ataques con armas de fuego en Tegucigalpa, la capital de Honduras [2]. El 20 de julio de ese año, solicité asilo en el aeropuerto Pierre Elliott Trudeau porque valoré que continuar viviendo en Honduras era asumir un riesgo real de morir.

Desde el golpe de Estado de junio de 2009 liderado por los Estados Unidos y respaldado por el Gobierno de Canadá (bajo el gobierno de Stephen Harper), el asunto de violación de derechos humanos en Honduras no mejoró. En 2016, la Comisión interamericana para los derechos humanos (CIDH) describió a Honduras como uno de los países más peligrosos para defensores de los derechos humanos, pero también para los periodistas [3]. 79 personas cuya profesión está relacionada con los medios de comunicación, incluyendo periodistas, presentadores de radio y televisión, fotógrafos, camarógrafos, operadores de cámara y propietarios de medios de comunicación perdieron la vida entre octubre 2001 y septiembre 2019. 91% de estos crímenes quedan impunes por falta de investigaciones creíbles [4]. Honduras ocupa actualmente el octavo lugar entre los países del mundo cuya población demanda asilo, aún por encima de países en guerra.

Un golpe de Estado perpetrado por fuerzas multinacionales

El golpe de 2009 es uno de los elementos centrales para ensayar toda respuesta sobre Honduras, donde la población exige la expulsión del presidente impostor Juan Orlando Hernández, beneficiario principal de la destrucción del Estado de Derecho y de sus violencias.

Los atentados en mi contra fueron el resultado de una amalgama de factores sistémicos y de actores corruptos, incluidos funcionarios públicos, policías, militares e inversores privados que están unidos al margen de la ley. Estos actores que financian y comandan la muerte de personas con capital internacional han asegurado la colaboración del poder local y la impunidad absoluta. Controlan todo con recursos sucios y con el poder de las armas oficiales.

El caso de Berta Cáceres, la líder indígena más emblemática del país, es parte de esa trama. Ella fue asesinada por la compañía de generación de energía eléctrica, DESA, una empresa respaldada por el ejército nacional, un banco asociado al blanqueo de dinero proveniente de la corrupción y del crimen organizado, un banco centroamericano y dos bancos europeos sin escrúpulos para “invertir en desarrollo verde” [5]. Es decir, investir en minería a cielo abierto, represas hidroeléctricas y parques fotovoltaicos, instalados sin consulta previa a la población. En 2015, más del 70% del territorio nacional hondureño ha sido otorgado para concesiones mineras [6].

Berta dedicaba su vida a parar ese modelo destructor. Hasta la fecha de publicación de este artículo, los autores intelectuales del crimen de Bertha – la familia Atala Zablah y la familia del gobierno, identificados por la familia Cáceres – no han sido juzgados. Y en mi caso, el Estado no ha identificado ni detenido todavía a los responsables de los ataques, exponiendo a mi familia al riesgo total.

Debo decir claramente que el golpe de Estado de junio de 2009 fue perpetrado por fuerzas multinacionales, para imponer un modo de producción de capital basado en la extracción de minerales y la invasión de territorios ancestrales. Este es un modelo de explotación laboral en extensos parques industriales, que impone monocultivos agroindustriales y, además, permite que operen el crimen organizado y la violencia militar y paramilitar. Canadá es parte de esta visión y cómplice de ese tipo de empresa dentro de un país vulnerable. La mina de Azacualpa, en San Andrés, Copán, es el ejemplo actual más devastador de la inversión canadiense en Honduras [7].

Éxodos masivos

Como resultado de esta mezcla de factores brutales, Honduras experimenta actualmente la quinta ola de emigración forzada más visible en su historia, un éxodo masivo que el Norte no puede ignorar.

La primera ola proviene de la guerra impuesta por los Estados Unidos contra los movimientos de liberación de Guatemala, El Salvador y Nicaragua entre 1979 y 1989, porque utilizó el territorio hondureño para entrenar y movilizar tropas de invasión, y para reprimir la disidencia social y política en nombre del anticomunismo. Y porque sembró minas antipersonales en la frontera suroriental del país.

Diez años después, en 1998, fue el devastador huracán Mitch el que obligó a más de 300,000 personas a salir de Honduras y El Salvador. Veinte años después, el huracán golpista de 2009, seguido del fraude electoral en 2013 y 2017, devastó la esperanza de un cambio democrático y eso ha expulsado a cientos de millares de personas en los últimos dos años.

Estas cinco oleadas de emigración forzada han cambiado de rostro según la causa, pero sufren el mismo dolor al partir, en el camino y a su arribo. Durante la primera oleada, lxs campesinxs en camino para México, Estados Unidos y Canadá, estaban sufriendo por las minas antipersonales plantadas en la frontera entre Honduras y Nicaragua, por Elliot Abrahams y su gente. Luego, mujeres desempleadas seguidas por profesionales diversxs caminaron la misma ruta estrangulados por la violencia de la pobreza, enseguida, miles de niñxs no acompañadxs, y desde abril de 2018 hasta ahora, familias enteras huyendo del país para ponerse a salvo. Huyen hacia los países que provocan sus problemas.

La situación hoy

A pesar del llamado de la Organización de Estados Americanos (OEA) a nuevas elecciones después del escrutinio de 2017, Estados Unidos respaldó a Juan Orlando Hernández, cuya corrupción y abusos contra los derechos humanos son denunciados universalmente [8]. Y Canadá lo siguió en su lógica de apoyo a un gobierno ilegitimo.

En este contexto, Estados Unidos y Canadá apoyan un régimen de empobrecimiento, de violencias y de crimen organizado documentado por el propio poder judicial estadounidense, que abrió juicios por narcotráfico a gran escala al propio hermano del que usurpa la presidencia hondureña, el señor Juan Antonio Hernández, alias “Tonny Hernández”, encontrado culpable en octubre 2019 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. También el expresidente Rafael Callejas y el hijo del expresidente Porfirio Lobo, esperan juicio. Y sigue la lista… que podría arrastrar al propio Lobo y a Juan Orlando Hernández.

Alrededor del 75% de la población hondureña está empobrecida, sin ingresos dignos, sin tierra, sin acceso a educación gratuita, sin agua potable, sin acceso a la salud pública. Y hoy es el país más desigual de América Latina. Es por eso que hay actualmente grandes manifestaciones dentro del país exigiendo la renuncia de Juan Orlando Hernández, mencionado muchas veces durante el juicio contra su hermano en calidad de coconspirador del narcotráfico a gran escala [9].

Frente a estos hechos, mi decisión como exiliado por razones políticas es denunciar a los ladrones de la esperanza colectiva del pueblo de Honduras, que nos ha forzado a irnos – muchas veces de modo irregular y asumiendo enormes riesgos – hacia Europa, Australia y hacia varios países de América, incluyendo Canadá, todos a causa de estas vulnerabilidades ya citadas.

En este contexto, no podemos suscribirnos a esta retórica racista que construye muros y militariza las fronteras, transformando un problema social-humano, como la migración forzada, en un problema de seguridad nacional, que es atacado con armas de guerra y con fundamentalismos fascistas, y que parece promover la reelección de supremacistas en los gobiernos del Norte enriquecido…

Además, en nuestros países de origen, no debemos aceptar el cinismo de un discurso oficial que criminaliza a las personas migrantes (y sus defensores), y que aprovecha el dinero enviado por ellos a sus seres queridos. Ocho mil millones de dólares al año reportan las remesas de la sufrida diáspora hondureña, lo que representa beneficios económicos para el gobierno y el sector privado que se nutren del sufrimiento de hombres y mujeres, en su mayoría indocumentados. Estamos ante un capitalismo salvaje que ve a las personas como un producto de exportación. Una mercancía humana barata. Pura esclavitud.

Canadá: parte del problema, parte de la solución

Si Canadá es parte del problema de la migración forzada en Honduras, digamos entonces que también debería ser parte de la solución. Primero, debería dejar de reproducirse ese falso sentimentalismo mediático que oculta las causas y las responsabilidades de la ola migratoria y las manifestaciones populares contra la dictadura del crimen organizado. No más manipulación sentimental mediática: rechacemos esa narrativa que muestra a las mujeres y niños migrantes llorando o hablando de una esperanza etérea, que produce simpatía e interés humano, pero no propone cambios, ni apunta a los causantes de esos dolores. Queremos que Canadá analice las causas sistémicas de este éxodo del que es corresponsable. No queremos más lágrimas o mensajes de esperanza, queremos acciones concretas. Y por eso, Canadá debe actuar en coherencia a la doctrina de respeto a los derechos humanos.

Tampoco queremos que Asuntos Globales de Canadá promueva hacia adentro la imagen engañosa de un país que respeta los derechos humanos en América Central si al tiempo apoya la dictadura hondureña a través de su retórica política e ideológica, así como a través del lobby nacional e internacional, con inversiones de capital minero, inmobiliario, turístico e industrial. Este doble juego es inaceptable.

No podemos tolerar esta hipocresía que coloca a la migración hacia el norte en el campo de la defensa nacional o la seguridad interior y, al mismo tiempo, la aprovecha para explotar su fuerza laboral desafiando los estándares internacionales.

“Haz lo que digo, pero no hagas lo que hago”… ¡es suficiente Canadá! No podemos seguir tolerando el disfraz y el engaño como la norma de nuestra política exterior. Eso nos hace cómplices. Y no queremos ser cómplices. La gente continuará a huir su hogar en búsqueda de una mejor vida para sus hijos. Canadá debe acogerlos con brazos abiertos.

Serge Langlois, de Desarrollo y Paz, en su carta de diciembre 2018 sobre la situación de migrantes hondureñxs y latinoamericanxs dirigida a Justin Trudeau, hace la siguiente propuesta [10]: “En el corto plazo, por lo tanto, es urgente que el Gobierno de Canadá ejerza el liderazgo en la región, trabajando con sus homólogos americanos y mexicanos para garantizar la protección de las personas migrantes que lo soliciten. Juntos, estos aliados no deben tolerar ninguna violación de la dignidad y los derechos de las personas migrantes, como lo garantiza la Convención de Ginebra de 1951. Canadá debe condenar las represivas medidas políticas y económicas que afectan a estas poblaciones y defender los fundamentos democráticos y los derechos fundamentales que permiten a las personas vivir con dignidad”.

Yo como hondureño, me sumo a esa propuesta y agrego que Canadá debe cortar su apoyo a la dictadura hondureña, y abrir sus tribunales nacionales para denunciar aquí a los causantes de las actividades mineras, agroindustriales y turísticas en Honduras, para reparar a las víctimas y cerrar definitivamente la puerta a la impunidad que humilla a mi pueblo.

Acompañar las caravanas

En conclusión, si realmente queremos resolver la crisis migratoria, provocada por las violencias del crimen organizado que controla el Estado, debemos identificar, denunciar y cambiar los factores que empujan a poblaciones enteras hacia el camino del exilio. Para hacer esto, debemos seguir las caravanas y volver al Norte con ellas, donde se arraigan las causas profundas de las injusticias sociales y la violencia sistémica. También hay que acompañar la lucha del pueblo hondureño para cambiar el Estado, que empieza por expulsar a los delincuentes que usurpan el gobierno. “Si los corruptos se van, nosotros regresamos” gritan en coro los migrantes en las caravanas. Y yo mismo empezaría a preparar mi regreso.

Recuadro

Impunidad y exclusión social en Honduras:

La Comisión interamericana para los derechos humanos (CIDH) reporto en informe el 3 de octubre 2019 la existencia de una impunidad estructural en Honduras. 9 de cada 10 crímenes contra la población en general y 97% de crímenes contra defensorxs de los derechos humanos quedan impunes. La impunidad es casi total cuando son funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad pública quienes cometen los crímenes.

Entonces, la policía y el ejercito actúan con total impunidad en contra de la población.

En Honduras, la pobreza afecta a más de 70% de la población. Mas de 100.000 persona huyen el país cada año, es decir 300 personas cada día.

Notas

[1] Este texto es el resultado de una colaboración entre Caminando y el Journal Alternatives. También se publicó en la edición de noviembre de 2019 del Journal des Alternatives: https://journal.alternatives.ca/Dix-ans-apres-le-coup-d-Etat-le-Honduras-force-a-migrer
[2] Reporteros sin Fronteras (2016). «Honduras: el periodista Félix Molina escapa milagrosamente a un intento de asesinato», 3 de mayo, en línea: https://rsf.org/fr/actualites/honduras-le-journaliste-felix-molina-echappe-miraculeusement-une-tentative-dassassinat
[3] Rivero, Maria Isabel (2016). «Honduras, uno de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos – Advierten expertos. OEA, 19 de agosto, en línea: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/118.asp
[4] RFI (2019). «Honduras: asesinato de un periodista, el 79º desde 2001», 1 de septiembre, en línea: http://www.rfi.fr/es/americas/20190901-honduras-otro-asesinato-de-un-periodista-el-79-desde-2001
[5] Temporizador digital (2016). «Madre de Berta Cáceres envía carta a organismos que financiaron Agua Zarca», 22 de octubre, en línea: https://tiempo.hn/berta-caceres-agua-zarca/
[6] https://www.ocmal.org/honduras-mas-del-70-de-su-territorio-podria-estar-sujeto-a-concesion-de-la-actividad-minera/
[7] OXFAM (2017). Territorios en riesgo. Minería, tierra y agua en Honduras, en línea: https://cng-cdn.oxfam.org/honduras.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Territorios%20en%20Riesgo%20-%20Miner%C3%ADa,%20tierra%20y%20agua%20en%20Honduras.pdf
[8] OEA (2017). «Comunicado de la Secretaría General de la OEA respecto a las recientes elecciones presidenciales en Honduras», 6 de diciembre, en línea: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-090/17
[9] «Tony» Hernández, hermano del Presidente de Honduras, fue condenado por tráfico de cocaína el 18 de octubre de 2019. En línea: http://www.rfi.fr/ameriques/20191019-frere-president-honduras-reconnu-coupable-trafic-drogue-tony-hernandez
[10] Langlois, Serge (2018). Carta a Justin Trudeau, Desarrollo y Paz, 20 de diciembre, en línea: https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/IMCE/files/articles/lettre_pmtrudeau_migrationcaravan-fr.pdf