La violencia en México: Un mal de larga duración

México se ha caracterizado en la última decena de años por vivir con altos índices de violencia. Una violencia que poco a poco dejó de ser un brote y se volvió endémica. La narrativa simple y plana señala como fuente casi exclusiva de esta violencia el narcotráfico. Las medidas emprendidas por el gobierno de Felipe Calderón en 2006 al declarar abiertamente una “guerra contra el narcotráfico”, se tradujeron en una fragmentación de los carteles que junto con la disputa por el control de las plazas provocaron un aumento de la violencia. Esta narrativa suele ser el argumento del gobierno y los principales medios de comunicación cuando se refieren a las causas que producen el ambiente violento, pero solamente refleja una pequeña parte de un cuadro mucho más amplio y complejo.

Si queremos hablar de violencia en México, el primer elemento que surge en una conversación, por irrefutable, es el número de muertos. Durante el sexenio de Calderón (2006-2012) hubo más de 102,000 personas asesinadas según números de la ONU, mientras que en los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto las cifras llegan ya a más de 94,000. A estos muertos debemos agregarle 25-30 mil personas que están en calidad de desaparecidas. Las cifras indican una mortalidad semejante a la de países que viven en conflicto permanente como Irak, Afganistán o Somalia y únicamente por debajo de Siria.

El primer error que suele hacerse sobre la violencia en México es asumir que todos los muertos están relacionados, en una grado mayor o menor, con el narcotráfico. Esa narrativa, suministrada por el gobierno y los medios de comunicación que sólo cuentan cadáveres no distingue entre víctimas y victimarios, todos son culpables en algún punto. Cuando alguien desaparece o es asesinado el lugar común es afirmar que “debió ser por algo” o “quien sabe en qué pasos andaría” otorgando un grado de culpabilidad y hasta de merecimiento a la víctima. Ese es el primer mito que se debe romper: no todos los asesinados son culpables, no todos tienen que ver con el narcotráfico y en el caso que si hubiera una conexión el derecho a la vida sigue siendo el máximo derecho al que aspire cualquier nación civilizada.

¿Por qué afirmar que no todas las personas muertas están involucradas? Bueno, además que una generalización tan amplia es muy absurda y solo denota signos de pereza mental de quien la hace, hay información que señala que las causales involucradas son más que el narcotráfico y que incluso van más allá de la última década. Es cierto que desde los años setentas México vivió una tendencia a la baja en las tasas de homicidio (altas en la primera mitad del siglo XX debido al periodo revolucionario y posrevolucionario) sin embargo, el homicidio siempre ha estado entre las diez principales causas de muerte de la población mexicana. De igual manera, México ha sido tristemente célebre a nivel internacional por los cientos de casos de feminicidio que se perpetraron en los años ochenta en ciudades fronterizas, siendo Ciudad Juárez el caso por excelencia. Esos feminicidios si bien lograron controlarse y hasta reducirse en la frontera, fueron en aumento en algunas otras zonas del país como el estado de México y Veracruz. Por otro parte, el homicidio es el último eslabón de una cadena de otros crímenes como el robo o el secuestro, ampliamente presentes en la sociedad mexicana.

Para diferenciar entre la violencia por el narcotráfico y otros tipos de violencia podemos utilizar distintas categorías de análisis. Una de las más útiles, a mi parecer, es la que propone Elena Azaola distinguiendo entre una violencia criminal ya cotidiana en México y otros tipos de violencia que ella denomina como a) violencias de siempre y b) violencias estructurales [1]. Estas dos categorías sirven mucho para desmitificar la narrativa que ha surgido en torno a la violencia en México como ligada, simple y llanamente, al narcotráfico.

Las violencias de siempre

Antes de esta última década (2006-2016) había en México poco literatura sobre la violencia, concepto polisémico y volátil. Hannah Arendt ha sido un clásico al que acudimos cada vez que nos enfrentamos a estas cuestiones. El antropólogo Santiago Genovés y su “Expedición a la violencia” ha sido una afortunada lectura para los estudiantes desde la preparatoria. Los libros que en últimas fechas han abordado el tema de la violencia suelen contar muertos y hacer estadísticas, útiles sin duda, pero que no ahondan en las causas y circunstancias específicas. El narcotráfico no es el alfa y omega de la violencia. Ésta debe analizarse también a la luz de lo que sufren y experimentan distintos grupos vulnerables: niños, ancianos, mujeres, migrantes, comunidad LGTB, etc.  Mucha de esta violencia se ha gestado en la familia misma. Un padre que es explotado y vejado en su trabajo, con un salario de hambre y que suele encontrar en el alcohol un paliativo momentáneo a su triste y cruel realidad suele replicar la violencia que la sociedad le inflige dentro del ámbito familiar afectando a la pareja y a los hijos que a su vez serán susceptibles de volver a replicar el cuadro una generación posterior. Hay demasiados grupos vulnerables en México, todos ellos susceptibles de padecer violencia en una o varias etapas de su vida.

La violencia estructural

Pobreza, desigualdad, exclusión social, pérdida de derechos sociales. Todo eso es violencia. Una violencia ejercida por un sistema económico, político y social que no garantiza los derechos de nadie. Es violencia ejercida por instituciones de gobierno que no protegen derechos sino defienden los privilegios de los sectores mejor posicionados. Es una violencia que se ejerce de arriba hacia abajo y que sin dañar físicamente de manera concreta provoca la angustia, el estrés, y el dolor de millones de ciudadanos. De igual manera, el análisis estadístico arroja que el grupo donde se comenten la mayoría de los homicidios es el sector juvenil lo que habla de la poca capacidad del Estado de incorporar a sus ciudadanos más jóvenes en el sector laboral con empleos que ofrezcan salarios y prestaciones sociales dignas.

Una argumentación común es que los jóvenes se dedican al negocio del narcotráfico atraídos por el lujo y el dinero fácil. Si consideramos que en los últimos tiempos a un sicario (asesino a sueldo) se le paga un salario mensual fijo menor a 400 dólares y que un “halcón” (niños y jóvenes que informan de los movimientos en una zona) un salario mensual de alrededor de 200-250 dólares, la tesis de la riqueza fácil es insostenible. El narcotráfico ofrece lo mínimo: un salario mal pagado y sin prestaciones, pero eso mínimo es algo que el gobierno mexicano no ha podido garantizar en la últimas dos décadas y que ha coincidido con el punto más alto del bono demográfico. Del millón de empleos que el país necesita crear anualmente, no se han logrado generar ni la mitad por año, la gran mayoría de ellos en el sector informal lo que nos habla de empleos transitorios, mal pagados y sin seguridad social. A lo largo de los últimos años se ha intentado concientizar entre amplios grupos de la población que la pérdida de derechos es también violencia. Aunque claro, eso se omite en los discursos oficiales y en el maisntream de las narrativas de la violencia en México.

Aunque pareciera clara la diferencia, habría que insistir que pobreza y desigualdad no son lo mismo y que la desigualdad es la que genera un mayor conflicto social. En una sociedad donde todos son igualmente pobres o tienen una cantidad de recursos similares existen pocos conflictos sociales que deriven en situaciones violentas. La violencia ha ido en aumento en México con posterioridad a la entrada en vigor del TLCAN (NAFTA) cuyo funcionamiento ha enriquecido a unas cuantas familias mexicanas mientras que ha empobrecido a millones de trabajadores y sus familias debido al abaratamiento del trabajo. Es la desigualdad económica, tan característica del capitalismo tardío la que cada día origina más conflictos sociales y un sentimiento de exclusión más que de pobreza, que puede derivar en situaciones violentas ante la angustia y la frustración. En el sistema estadounidense, por ejemplo, el sentimiento de exclusión parece tener en el sistema de salud una de sus principales causas de conflicto y violencia, ilustrado en diversos productos de la cultura popular del cine y la televisión, como lo ejemplifica la popular serie de televisión Breaking Bad.

¿Qué justicia con corrupción e impunidad?

Elementos estructurales del sistema político mexicano son la corrupción y la impunidad, ambas coparticipes del aumento de la violencia. En marzo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México y fue muy precisa en su diagnóstico: la corrupción e impunidad son un abrevadero para la violencia endémica que vive el país. La impunidad es una de las principales razones por las que la violencia se reproduce. En México hay la sensación que nadie castigará al culpable, sea por incompetencia de las autoridades o por la tremenda corrupción que caracteriza al Estado, incluyendo al aparato judicial y a los cuerpos que ejercen funciones policiales y de vigilancia [2].

Otra condición que podría ser estructural han sido las respuestas en materia de políticas públicas que ha dado el gobierno en materia de seguridad. Al declarar la “guerra contra el narco” el gobierno de Felipe Calderón les encargó al Ejército y a la Marina funciones de protección civil y policial para las que no están entrenados sus miembros y que ha dejado secuelas más negativas que positivas. Sobre este punto se ha insistido desde hace algunos años [3]. El Ejército y la Marina suelen estar adiestrados para situaciones de guerra donde la defensa de derechos humanos no es una prioridad, incluyendo el derecho a la vida. El resultado ha sido un índice muy alto de letalidad en las actividades que ambos grupos realizan en la lucha contra el narcotráfico. En esta perspectiva, el criminal no tiene derecho a nada, ni a la vida misma, lo que ha provocado una serie de eventos donde hay ejecuciones de civiles por parte de las fuerzas armadas. Tanhuato, Tlatlaya y los normalistas ejecutados en Ayotzinapa son ejemplo que no hay un respeto a la vida de los civiles (culpables o inocentes) por parte de un amplio sector de las fuerzas de seguridad [4].

Otra condicionante es la debilidad institucional que se manifiesta en el sistema de justicia nacional, uno de los órganos más corruptos de las instituciones mexicanas. La desconfianza hacia las instituciones que imparten justicia es de tal magnitud que solamente 7% de los delitos son denunciados y efectivamente investigados. De cada 1000 delitos solamente 1.4 recibe algún castigo mientras que los otros 998 quedan impunes. La gente no denuncia los delitos porque las policías, el Ministerio Público, las procuradurías de justicia, los jueces, todos son percibidos como corruptos por la mayoría de la población según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) [5]. Y así, el círculo vicioso de la violencia se reproduce de manera interminable gracias a la impunidad de los delincuentes y a la corrupción de las autoridades.

Conclusiones

La violencia en México es un asunto que no se limita al narcotráfico sino que tiene una relación directa con la forma en que los últimos gobiernos han implementado un modelo económico que fragiliza y violenta a la mayoría de la población. De igual manera la discriminación de grupos vulnerables (mujeres, niños, comunidad LGBT, migrantes) debe dejar de ser soslayada y ocupar un lugar central en la discusión y en las políticas públicas nacionales. También se deben atender las recomendaciones que en materia de derechos humanos han hecho organismos nacionales e internacionales sobre las constantes violaciones y excesos por parte de las fuerzas armadas. Se debe reformar por completo el sistema de justicia, algo sobre lo que se ha trabajado en los últimos años pero que no ha sido aterrizado en reformas de ley. Y lo más importante, entender que la narrativa de la violencia no es exclusiva del narcotráfico sino que ésta forma parte de algo más complejo, resultado de un sistema lleno de corrupción e impunidad. Hay que entender que muchas veces la violencia es ejercida por el propio Estado hacia sus ciudadanos en los salarios de hambre y la carencia de seguridad social, en los sistemas de vigilancia y justicia putrefactos y en la incapacidad de generar políticas de inclusión de grupos vulnerables. Abordar el fenómeno de la violencia sin atender sus causas estructurales y de larga duración sólo será como darle aspirinas al enfermo de cáncer.

Fotografía: Photographie prise à la ville de Mexico, Mexique, 2013. Photographie de Javier Otaola

Notas

[1] Elena Azaola. «La violencia de hoy, las violencias de siempre» Desacatos, no. 40, septiembre-diciembre 2012, p. 13-32.
[2] Gilles Bataillon. «Narcotráfico y corrupción: las formas de la violencia en México en el siglo XXI» Nueva Sociedad, No.255 enero-febrero 2015, p. 54-68. Javier Buenrostro, «Corrupción: Un gran lastre para México» Nueva Sociedad, Mayo 2016. Dirección URL: http://nuso.org/articulo/corrupcion-un-gran-lastre-para-mexico/ [página consultada en agosto de 2016].
[3] Carlos Silva, Catalina Pérez Correa, Rodrigo Gutiérrez. «Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad» Documento de trabajo, dirección URL: http://historico.juridicas.unam.mx/novedades/letalidad.pdf [página consultada en septiembre de 2016].
[4] Sobre estos tres casos existe una amplia literatura en periódicos, revistas y sitios de internet. Aquí consignamos solamente un botón de la amplia muestra. Sobre Tlatlaya: Mario Patrón (2015), «Tlatlaya: Recuento, pendientes y un riesgo latente» Nexos, en línea: http://www.nexos.com.mx/?p=26628  [página consultada en agosto de 2016]; sobre Tanhuato: Raúl Zepeda (2015) «Tanhuato/Ecuandureo: ¿disuasión violenta o descontrol armado?» Horizontal, en línea: http://horizontal.mx/tanhuato-ecuandureo-disuasion-violenta-o-descontrol-armado/ [página consultada en línea septiembre de 2016]; sobre Ayotzinapa: Javier Buenrostro (2014) «Ayotzinapa: quand la violence de l’État et celle des groupes criminalisés ont les mêmes fins» Histoire Engagée, en línea http://histoireengagee.ca/wp-content/uploads/2014/12/BUENROSTRO-Javier.-Ayotzinapa-quand-la….pdf [página consultada en agosto de 2016].
[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015). Situación de Derechos Humanos en México. En línea: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf [página consultada en septiembre de 2016].