La radio nos quita el miedo en un país violento

He vuelto a mirar las fotografías tomadas hace dos años en la comunidad indígena El Taragual, municipio de La Iguala, Lempira – Occidente de Honduras –, donde fue inaugurada la Voz de la Vida el 3 de mayo de 2015, Día Mundial de la Libertad de Expresión.

Este pueblo indígena lenca ha sido humillado durante siglos por ambiciosos acaparadores de tierra – minorías blancas mestizas esencialmente racistas y religiosos de oficio al servicio de políticos autoritarios y corruptos – pero ha resistido con su espirtualidad ancestral, su sabiduría y bravura.

Aquí faltaba en serio un medio de expresión para la comunidad, porque nadie había querido escuchar la palabra del liderazgo local contra la imposición de la Ley de Ordenamiento Territorial que “obliga” a las municipalidades a parcelar sin consentimiento el territorio ancestral de los indígenas.

Desde su entrada en vigor en 2006, esa ley da poder a las municipalidades para medir, titular y vender las tierras ejidales y los territorios indígenas, que luego puede concesionar o vender a grupos privados, incluyendo lavadores de activos del crimen organizado cuyo fin es acaparar bienes naturales para su explotación implacable.

La ley colisiona el derecho natural de los pueblos indígenas, quienes construyen relaciones de colaboración solidaria, de libre intercambio de bienes, uso común del territorio para la agricultura, la caza y la pesca así como formas de auto gobierno asambleario.

Por eso fue que el 3 de mayo, en la expresión de la gente que apoyó la idea de la Radio Taragual, se reflejaba el brillo de la dignidad comunitaria y el orgullo colectivo de una visibilidad regional en la señal surcando el aire: 106.7 FM

Obviamente, la presencia de la radio también supuso el silencio de los incrédulos y de los adversarios, quienes han ejercido durante siglos el monopolio de la palabra, especialmente el cura, el cacique político o el terrateniente.

Tres años antes de este momento, uno de los líderes indígenas de la comunidad – Emeterio Pérez – había llamado varias veces al programa Resistencias que yo transmitía por Radio Globo, desde la capital, Tegucigalpa, para pedir apoyo al sueño comunitario.

En junio de 2013 – cuatro años después del golpe de Estado – nació la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH) entre las múltiples respuestas a la invisibilización de actores sociales en los tejados del debate nacional.

La AMCH surgía, además, como una resistencia a la exclusión de voces críticas de la narrativa hegemónica impuesta por los medios urbanos, controlados por poderes ocultos vividores del Estado. Y ahí estaba Taragual para empujar por su emisora.

En los años anteriores, las licencias para operar empresas de comunicación con fines de lucro y medios públicos con fines de propaganda gubernamental, habían estado sujetas al desigual sistema de subasta y a las influencias de dos partidos tradicionales, dos religiones históricas: el ejército con inversiones privadas y empresas mediáticas transnacionales, incluyendo telefónicas.

Aquel modo convenido de aprovechar comercialmente el patrimonio nacional del espectro radioeléctrico ha excluido al sujeto ciudadano de la apertura y operación de empresas de producción de imaginarios. Concretamente a las organizaciones campesinas, de mujeres, defensoras de derechos humanos, jóvenes reclamantes de participacion social y política, indígenas y garífunas, mostrados éstos siempre como imágenes de folklore o de pobreza en las matrices de los medios metropolitanos.

A todos estos actores se les había venido prohibiendo colocar directamente sus narrativas en el aire. Y esa no sólo ha sido una decisión económica, sino esencialmente político – ideológica.

Las cifras rojas de la libertad de expresión

La aprobación de leyes restrictivas, el secretismo en el proceso de transición digital de la televisión y la radio, la veda en el otorgamiento de frecuencias a sectores sociales organizados, el uso de programas de espionaje electrónico, la criminalización del ejercicio de la libre expresión y el asesinato de personas activas en medios de comunicación, es el cuadro más visible de Honduras en el mundo, lamentablemente.

En menos de ocho años han sido asesinados 60 periodistas urbanos y comunicadores que laboraban en medios comunitarios, de acuerdo a los registros del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que detalla además 56 amenazas de muerte y 13 atentados en los cuales las víctimas sobrevivieron, donde yo me incluyo. [1]

Entre 2009 y 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha emitido 46 medidas cautelares para Honduras, la mayoría colectivas a favor de grupos o comunidades. La estadística del Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, registra que el 17% de los beneficiarios de esas medidas son periodistas y comunicadores. El resto son indígenas, campesinos, ambientalistas y población LGTBQI.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección, creado en 2016, había recibido hasta junio de 2017 un total de 60 solicitudes de protección, al menos 10 correspondían a periodistas; el resto son defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo reporteros populares.

En la casi totalidad de los crímenes la característica principal es la impunidad, por la ausencia de instituciones con capacidad para procesar denuncias, investigar incidentes, reunir prueba técnica-científica con peso de credibilidad, y sancionar a los responsables. [2]

Los ataques contra las y los trabajadores de la comunicación en Honduras – abarcando a activistas –, están vinculados a publicaciones sobre conflictos territoriales por minería metálica o monocultivos, acceso a la tierra, reclamaciones sociales diversas y estudiantiles en particular, defensa del medio ambiente y cobertura relacionada con la delincuencia organizada coludida con autoridades policiales, militares o funcionarios civiles de los tres poderes del Estado.

En mayo de 2015 en la comunidad de La Asomada, Gracias, Lempira, el director del programa Soltando Nudos, que se transmitía por la Voz de Puca – emisora comunitaria fundada en 2013 –, se vio obligado a cerrar el espacio por amenazas de muerte provenientes de estructuras locales del partido en el poder, el Partido Nacional.

En Gracias, la cabecera departamental de Lempira, a comienzos de 2016 fue citado a un bufete privado de abogados el fundador de Radio Taragual – del municipio de La Iguala – para advertirle que la estructura de inteligencia del presidente Juan Hernández tiene registrado su nombre y el de los directores de Radio Tenan – del municipio de San Marcos Caiquin, Hijos de Puca y Los Chuñas- de San Juan de Opoa –, como opositores al gobierno.

En marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá, fue asesinada la mundialmente reconocida lideresa indígena lenca, fundadora de emisoras indígenas comunitarias, Berta Cáceres. Dos meses más tarde – el 2 de mayo, víspera del Día Mundial de la Libertad de Expresión – yo, Félix Molina, sobreviví en Tegucigalpa a dos ataques con arma de fuego mientras hacía seguimiento a dicho crimen político que implica a las Fuerzas Armadas, al partido político en el gobierno y a la élite financiera nacional.

El reparto de la tv digital

Con dinero, influencia patrimonial y negociación, los grupos mediáticos – que son esencialmente políticos asociados a partidos legalizados y a otros centros de poder fáctico – lograron en 2016 un reparto anticipado de la televisión digital en Honduras, de acuerdo al Observatorio Regional de la Comunicación. Los nuevos grupos de control son los siguientes:

TVC (Rafael Ferrari y socios, afines al Partido Liberal y Partido Nacional): 96 licencias.
TV Azteca-Honduras (Ricardo Salinas): 1 frecuencia nacional con 10 repetidores.
Albavisión (Ángel González y compañía): 1 canal nacional y 46 licencias adicionales.
Iglesia Evangélica: 22 licencias.
Iglesia Católica: 18 licencias.
Grupo OPSA (Jorge Canahuati Larach): 2 canales regionales.
Grupo PUBLYNSA (ex presidente Carlos Flores Facussé): 2 licencias regionales. [3]

Avances y retrocesos normativos [4]

En diciembre de 2011, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones Privadas, la cual faculta a la Unidad de Intervención de las Comunicaciones (UIC) a efectuar la intervención de llamadas telefónicas, direcciones de Internet y mensajería por celulares no solamente a personas imputadas, sino que crea una figura adicional denominada “personas investigadas”, lo que significa que cualquier persona puede ser considerada en dicha denominación. Esta ley es invasiva y violatoria del derecho a la intimidad de las personas, protegida por el Artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, además vulnera la seguridad de defensores y defensoras de los DDHH y eventualmente la de las víctimas de violación de derechos.

• En julio de 2013, CONATEL recanalizó el espectro radioeléctrico para liberar 160 frecuencias de radio en FM y canales de televisión; sin embargo, de ellas únicamente 19 frecuencias de radio y dos de TV, fueron otorgadas a Operadores de servicios de difusión con fines comunitarios (Radios Comunitarias); el resto fueron subastadas a oferentes privados que pagaron hasta 4 millones de Lempiras ($200,000) y entregadas a iglesias y políticos afines al gobierno en procesos no transparentados. En contraste, la CONATEL denegó solicitudes de frecuencias a sectores sociales reconocidos por su veeduría crítica al Estado y que llenaron los requisitos exigidos por la Normativa en tiempo, inclusive siendo primeros en ejercer las peticiones según consta en los expedientes de la AMCH. El COFADEH, la Alianza Cívica por la Democracia y COMUN Noticias, son casos de este tipo.
• El 3 de agosto de 2013 CONATEL publicó en el diario oficial el Reglamento de Servicios de Difusión con fines Comunitarios, que contiene los requisitos administrativos para solicitar frecuencias por organizaciones sociales, populares, campesinas, indígenas, garífunas y de derechos humanos e inclusive agregó a las iglesias, pero reservó en el artículo 23 inciso “e” sobre las obligaciones, una prohibición a la difusión de información de interés público que faculta al Ente Regulador a restringir el derecho de las radios comunitarias a criticar y emitir opiniones políticas e ideológicas.
• En enero de 2014 el Congreso Nacional aprobó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, la cual restringe los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y limita las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, otorgando al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad la facultad de clasificar la información pública en cuatro categorías de secretividad: Reservada, Confidencial, Secreta y Ultra secreta, con plazos de restricción de acceso que van de 5 a 25 años, con la facultad de ampliar el término a criterio del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Esta ley violenta el derecho de la población al libre acceso a la información de interés público y son diversas las voces que exigen su derogación.
• El 7 de marzo de 2014 CONATEL publicó en La Gaceta, Diario Oficial, una reforma a la Ley de Telecomunicaciones referida a las TICs contenida en el Decreto No. 325-2013, que en su artículo 14, numeral 13, otorga una atribución excesiva a CONATEL para: “regular, administrar y controlar los recursos de numeración de dominios, e IP públicas y privadas y cualquier otro recurso sobre los cuales se soporten la operación de los Servicios de Telecomunicaciones y aplicaciones diversas de las TICs”. Esta reforma se hace por decisión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa “como el máximo órgano permanente encargado de rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de seguridad, defensa nacional e inteligencia”. De este modo el Estado de Honduras viola la libertad de expresión restringiendo todo tipo de comunicaciones a través de Internet, hilos telefónicos y todos los tipos de comunicación posible que se canalice a través de plataformas públicas y privadas, en nombre de la seguridad. En la actualidad, presiona a la Universidad Nacional y a la Red de Desarrollo Sostenible para que entreguen al estado los dominios de las IP de los usuarios del punto hn.

Verdad y reconciliación

Al analizar en 2012 las causas del Golpe de Estado que propició, a la vez, una crisis política y social nunca antes vivida en Honduras, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación asignó al monopolio del espectro radioeléctrico una cuota relevante en la construcción del punto de quiebre en la sociedad, y recomendó democratizar el acceso a las frecuencias de radio, televisión e internet. [5]

En esa ola de discusión nacional se subieron aproximadamente 40 colectivos locales y regionales para demandar a los escombros del Estado hondureño y a la comunidad internacional, una normativa incluyente; en agosto de 2013 fue aprobada una propuesta administrativa hecha por la AMCH, que abrió una ventana a los actores sociales. A la fecha están en funcionamiento 25 emisoras comunitarias en distintos puntos del país, y 2 televisoras con fines comunitarios han sido aprobadas.

Un ejemplo de este proceso de cambio horizontal se puede constatar en el barrio San Antonio, de la aldea El Taragual, en el Oeste de Honduras, una región empobrecida capturada por bandas del crimen organizado dedicadas al tráfico de drogas y lavado de activos.

La comunidad es indígena lenca, con una identidad ancestral alrededor del concepto territorio. Esta identidad está amenazada por el parcelamiento de tierras que exigen el Banco Mundial y el FMI para incrementar los activos del país pobre altamente endeudado, que fue sacudido por el huracán Mitch en 1998 y el golpe de Estado en 2009.

“Nosotros rechazamos la división de nuestro territorio en terrenos titulados, porque eso nos produce conflictos de compra venta con personas que ni conocemos y provocan que nos quedemos sin bosques, ni minerales, ni ríos. Y para eso necesitamos la radio, para educar a nuestro pueblo”, explica Emeterio Pérez, guía del barrio donde nació la idea.

Junto a Emeterio, que recibió enseñanzas básicas de los sacerdotes jesuitas en El Progreso Yoro, en 2006, un grupo de hombres – entre 80 y 100 – trabajan un día a la semana en fincas de café y zonas de cultivo de granos básicos, para donar el pago total de su jornal al Comité Gestor de la radio comunitaria.  Un grupo de mujeres hace lo mismo vendiendo pan artesanal, nacatamales y golosinas.

Con el dinero reunido durante un año y con el apoyo técnico de la AMCH, el 3 de mayo de 2015, estos hombres y mujeres pusieron en el aire su emisora en la frecuencia 106.7 FM.

Para poder solicitar al Estado la operación “legal” de la frecuencia, la comunidad constituyó la Asociación Indígena para el Desarrollo Integral de El Taragual, que obtuvo Personalidad Jurídica en 2016.

La solicitud está pendiente de resolución, pero mientras esperan respuesta formal operan la frecuencia al amparo del Convenio 169 de la OIT, que faculta a los pueblos originarios y tribales a gerenciar sus propios medios de comunicación, dentro de sus territorios según su cosmovisión.

Dos años después de haber tartamudeado frente a sus micrófonos, el Comité Gestor de 27 hombres y mujeres, incluyendo jóvenes, ha construido alianzas con actores clave de los municipios vecinos de Gracias, la cabecera, y los más próximos San Rafael y La Unión.

La AMCH ha compartido formación técnica para operar la emisora y producir contenidos; incidencia para construir alianzas regionales y gestionar recursos; apoyo legal para la defensa y promoción del derecho humano a la comunicación y la libre expresión; y también el uso de técnicas básicas de seguridad personal y grupal en casos de emergencia.

“Podemos decir que en la radio se nos quitó el miedo que teníamos a que nos llamaran indios ignorantes pelito parado, y aprendimos a leer corrido y a mirar igual a todas las personas, sin importar sus títulos o cargos¨. Hermilo Pérez, operador-productor de Radio Taragual.

Sin duda es difícil para una comunidad empobrecida mantener en el aire una emisora que consume energía eléctrica y telefonía, y genera costos de mantenimiento, pero la determinación de ejercer el derecho humano a la libertad de expresión en su territorio es más fuerte que toda la adversidad que sacude a este geoestratégico país centroamericano, ubicado entre los más inseguros del mundo para ejercer el derecho humano a la libertad de expresión.

Foto : En esta rústica casa, construida con tierra, piedra y madera, se fusionan Dios, Pueblo, Voz, Radio y Vida al servicio de la comunidad. Foto Félix Molina.

NOTAS
[1] Giorgio Trucchi (2016). « Atentan contra la vida del periodista Félix Molina », Rel-Uita, 3 de mayo, en línea: http://informes.rel-uita.org/index.php/sociedad/item/atentan-contra-la-vida-del-periodista-felix-molina.
[2] Wendy Funes (2016). « Estado de Impunidad en Agresiones contra Periodistas y trabajadores/as de Medios de Comunicación en Honduras», Comité por la libertad de expresión, abril, en línea: http://www.clibrehonduras.com/content/informe-sobre-el-estado-de-impunidad-en-agresiones-contra-periodistas-y-trabajadoresas-de.
[3] Actualidad – Honduras (2016). « Honduras prevé el ingreso de nuevos canales de TV en los próximos meses », Osbervacom, 2 de noviembre, en línea: http://www.observacom.org/honduras-preve-el-ingreso-de-nuevos-canales-de-tv-en-los-proximos-meses/.
[4] Esta cronología fue retomada en parte de un Informe conjunto presentado para el segundo exámen  periódico  universal al estado de honduras. El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, COFADEH, La Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-PARTICIPA, Casa Alianza Honduras, Alternativas en Comunicación, ALTER-ECO (2014). « Informe conjunto presentado para el segundo examen periódico universal al Estado de Honduras », Upr-info,org, septiembre, en línea : https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/honduras/session_22_-_mai_2015/js8_upr22_hnd_s_main.pdf.
[5] Ver Recomendaciones, página 47, numerales 70 à 82. Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2011), « Hallazgo y recomendaciones : Para que los hechos no se repitan », julio de 2011, en línea: https://www.oas.org/es/sap/docs/DSDME/2011/CVR/Honduras%20-%20Informe%20CVR%20-%20RECOMENDACIONES.pdf.