Categoría: Volumen 31

Reporte del encuentro de mujeres del campo y la ciudad

El sábado 25 de junio de 2016, venciendo los obstáculos por el pésimo estado de las vías en la provincia de Morona Santiago, las delegaciones llegaron al Encuentro de mujeres del campo y la ciudad, convocado en La Esperanza (parroquia Indanza del cantón Limón), zona donde el campesinado viene resistiendo por más de una década al megaproyecto de cobre Panza-San Carlos de la corporación china Tongling, que en este sector aparece como Explorcobres. El Encuentro fue convocado por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, Luna Roja, Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía, Plataforma PachAntiminera, Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI, Warmi Ambulante y la Coordinadora Campesina Popular CCP. Con puntualidad comenzó a desarrollarse las actividades previstas, dando inicio con el Acto Simbólico. Representantes de las organizaciones presentes intercambiaron productos y encendieron una fogata mientras el resto de participantes las rodeaba en un círculo. Una vez encendido el fuego cada persona fue avivándolo con sales de colores al tiempo que decían lo que habían traído al Encuentro: “Yo le pongo a este Encuentro alegría, amistad, lucha, fuerza, convicción, ilusión, ganas, esperanza, amor, hermandad…” El Acto Simbólico concluyó cantando una consigna con todas y todos entrelazados las manos. Se continuó con la presentación de las más de 50 participantes de las organizaciones: Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, Luna Roja, Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía, Plataforma PachaAntiminera, Asociación de Campesinos de la Limón Indanza ACLI, Warmi Ambulante, Retumba la Prole, Vientos del Pueblo, Bloque Proletario y Coordinadora Campesina Popular CCP. Se dio paso entonces a las exposiciones sobre la Situación de la Mujer en el sistema actual, abordando las problemáticas en las ciudades y en el campo, así como los procesos de resistencia y organización que han venido levantando las mujeres de las organizaciones convocantes. Terminadas las exposiciones se pasó a trabajar en grupos para establecer una plataforma de lucha conjunta y las acciones a tomar, a la vez que determinar los siguientes pasos en este proceso de unidad de las mujeres del campo y la ciudad. Las discusiones en grupo fueron muy activas y en la plenaria se expusieron las propuestas a todas las asistentes, las que posteriormente fueron sancionadas como resoluciones del Encuentro, mismas que se harán públicas en los próximos días. En los grupos se trató con gran intensidad sobre los impactos negativos que la megaminería viene causando en la vida de las mujeres de las comunidades afectadas en todo el país, en especial por los proyectos Pananza-San Carlos, Río Blanco y Loma Larga (Quimsacocha), estos dos últimos en la provincia del Azuay. Es por ello que fortalecer la resistencia a la megaminería y otras industrias extractivas, fue uno de los principales acuerdos de la plataforma de lucha de las mujeres del campo y la ciudad. Como se había programado, también se realizó la Minga de Construcción de Saberes de Mujeres sobre el Autocuidado del Cuerpo, en el que cada delegación compartió lo que había preparado. En el caso de las compañeras de Luna Roja explicaron la elaboración de productos naturales que vienen haciéndolo en los talleres que realizan en los barrios de Quito. Los Frentes de Mujeres Defensoras de la Pachamama y Guardianas de la Amazonía por su parte expusieron el uso tradicional de plantas medicinales como el escancel, guayusa, penco negro y hierba pedorrera. Una vez concluida la Minga se realizó un pequeño Programa Cultural con el aporte de canciones, danza, declamación de varias de las asistentes, que finalizó con un juego en donde todas y todos pudieron compartir gratamente. Las  mujeres dieron un especial agradecimiento a las organizaciones anfitrionas, sobre todo al Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía y a la Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI, quienes se encargaron de la logística para el Encuentro, y dieron un aplauso de reconocimiento a los compañeros de la Comisión de Cocina por el esfuerzo desplegado todo el día. El domingo 26, en cumplimiento de una de las resoluciones del Encuentro, todas las mujeres participaron en la Marcha por la “Defensa de la Economía Campesina” convocada por la ACLI y la CCP en Limón. Resoluciones del encuentro de mujeres del campo y la ciudad: anticapitalista, antimperialista y antipatriarcal Nosotras, mujeres de sectores populares del campo y la ciudad, reunidas el 25 de junio de 2016 en La Esperanza, con el objetivo de aunar y programar acciones conjuntas que deriven en la unidad y crecimiento de la lucha de la mujer ecuatoriana por su emancipación, Manifestamos: Que, en el sistema actual capitalista-imperialista y patriarcal priman los intereses de los grupos de poder nacionales e internacionales, que en su afán de continuar acumulando riqueza violan y violentan permanentemente los Derechos Humanos, de la Mujeres y a la Pachamama (Madre Tierra). Que, la dominación y el sometimiento de la mujer es consustancial a este sistema, ya que en ello se sustenta la reproducción misma del capital mediante la doble explotación del trabajo de la mujer, tanto en el ámbito de la producción social (trabajo remunerado), como en el doméstico (trabajo gratuito que la mujer hace para la reproducción de la fuerza de trabajo). Que, la dominación y sometimiento de la mujer implica el control de sus cuerpos y espíritus, por tanto la subsistencia de todas las formas económicas, sociales, políticas, ideológicas y culturales de discriminación y violencia, mediante las cuales se impone el poder capitalista y patriarcal. Que, los gobiernos y estados están al servicio de los grupos de poder y por ello todas sus políticas, acciones y decisiones están dirigidas a reforzar a estos grupos, en contra de los intereses y necesidades de los pueblos, particularmente de las mujeres de las clases y sectores explotados, y de la Pachamama. Que, el actual gobierno de Ecuador, entreguista y vendepatria, ha demostrado ser totalmente servir a los grupos de poder de siempre y los nuevos que se han constituido en estos años del régimen de Alianza País, así como a los designios e intereses del imperialismo, especialmente chino. Que, para imponer sus medidas y políticas antipopulares, el gobierno de Alianza País ha recurrido a la criminalización de la protesta, la represión y persecución a las defensoras y defensores de los Derechos Humanos. Por lo señalado:
  • Reivindicamos el ejercicio pleno de todas nuestras libertades y derechos como mujeres de las clases populares que luchan por un futuro de bienestar y equidad para los seres humanos en armonía con la Pachamama, en un mundo libre de las cadenas capitalistas, imperialistas y patriarcales.
  • Rechazamos todo tipo de violencia, discriminación y explotación hacia las mujeres que genera el actual sistema, para someter nuestros cuerpos y espíritus.
  • De igual manera, rechazamos toda forma de agresión y violencia contra la Pachamama, para favorecer la concentración y centralización del capital a nivel global y local.
  • Rechazamos los mega proyectos de minería, especialmente los determinados como estratégicos por el gobierno actual: Pananza-San Carlos, Río Blanco, Loma Larga (Quimsacocha), Mirador y Fruta del Norte, así como la nueva subasta de territorio nacional para concesiones a esta industria extractiva.
  • Exigimos nuestro territorio nacional libre de minería, de otras industrias extractivas, y de toda actividad que violente a la Pachamama, en beneficio de las corporaciones nacionales, transnacionales, privadas o estatales.
  • Nos oponemos al agro-negocio y a los monopolios locales, nacionales e internacionales que están destruyendo a los medianos y pequeños productores del campo, sobre todo afectando las actividades que las mujeres han realizado tradicionalmente para sustentar a sus familias.
  • Rechazamos al actual gobierno que ha sumido al país en una crisis económica y moral en nombre de una supuesta “revolución”, adoptando medidas antipopulares para favorecer a los monopolios nacionales y transnacionales, especialmente de China, y que deja una Deuda Externa que pesará en la espalda, no sólo a la actual, sino a las futuras generaciones, y en particular de las mujeres de las clases populares.
  • Continuaremos denunciando la criminalización de la protesta, la represión y persecución a defensoras y defensores de los Derechos Humanos y de la Pachamama.
  • Rechazamos la manipulación, desviación y utilización de las luchas populares para fines personales y de grupo, en especial para la politiquería, aprovechando las movilizaciones y sentidas demandas populares como trampolín electorero para buscar colocarse en puestos del Estado vía elecciones.
Nos comprometemos a luchar por:
  • Un mundo libre de todo tipo de violencia, discriminación y explotación hacia las mujeres y la Pachamama, en donde primen los intereses, necesidades y aspiraciones de las grandes mayorías de mujeres y hombres, trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad; donde los pueblos constituyan estados y gobiernos que respondan a sus intereses, necesidades y aspiraciones.
  • El pleno ejercicio de nuestros derechos y los de la Pachamama.
  • La eliminación definitiva de todas las formas económicas, sociales, políticas, ideológicas y culturales de discriminación y violencia que someten los cuerpos y espíritus de las mujeres.
  • La valoración de nuestro trabajo, en especial el trabajo doméstico no remunerado que en forma gratuita hacen las mujeres para la sociedad.
  • La valoración de nuestros Saberes de Mujeres, y el derecho a producirlos, difundirlos y compartirlos.
  • Territorios libres de industrias y monopolios que violan y violentan los Derechos Humanos, de las Mujeres y a la Pachamama, en los que el pueblo tenga la decisión soberana para establecer un sistema que permita el bienestar colectivo y la convivencia armónica con la Naturaleza.
  • La Soberanía Alimentaria y el derecho a la Alimentación.
  • El derecho a la Salud, incluida la Salud Sexual y Reproductiva, así como la sicológica y emocional.
  • El derecho a vivir en un Ambiente Sano y Ecológicamente equilibrado, y el de proteger a la Pachamama para las futuras generaciones.
  • Una democracia real y directa del pueblo, donde las decisiones sean tomadas por las amplias mayorías en base a sus intereses, necesidades y aspiraciones, y los de la Pachamama.
En base a lo anotado, acordamos:
  • Continuar con los Encuentros de Mujeres del Campo y la Ciudad, poniéndonos como meta realizar otro en el 2017.
  • Realizar en forma coordinada las “Jornadas 8M Movilízate Mujer”, que deriven en la Marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
  • Participar en la Marcha del Primero de Mayo en conjunto con el Bloque Proletario recalcando la presencia y el papel de las mujeres constructoras, luchadoras y defensoras en este día tan importante para las trabajadoras y trabajadores del mundo.
  • Ligar a La Warmi Ambulante, Escuela de Formación para la Acción, con sus dos proyectos “Mujeres al Campo” y “Productoras del Conocimiento”, a la “Minga de Construcción de Saberes de Mujeres” del Frente de Defensoras de la Pachamama, para la creación de un espacio permanente de intercambio de saberes.
  • Buscar apoyo a la producción campesina desde los proyecto de la Warmi Ambulante y desde las organizaciones del sector estudiantil universitario de diferentes carreras y facultades.
  • Capacitar a las mujeres en temas relativos a: derechos de género, desigualdad de género, desigualdad social, derechos laborales, derechos humanos, derechos ambientales, derechos de la Naturaleza, Salud con enfoque de ecosistema, Salud sexual y reproductiva, Salud sicológica y emocional, Sexualidad, Autocuidado del Cuerpo.
  • Comenzar a cambiar prácticas sexistas, de discriminación y de violencia hacia la mujer en nuestros hogares, organizaciones y espacios en donde desenvolvemos nuestra vida cotidiana.
  • Realizar campañas en los sectores populares contra el Consumismo reivindicando la Soberanía Alimentaria y el derecho a la Alimentación.
  • Llevar a cabo campañas contra la desvalorización del Trabajo de la Mujer.
  • Coordinar acciones en rechazo a los megaproyectos de minería, y a la entrega de territorio nacional para nuevas concesiones mineras.
  • Difundir mediante actividades como: conversatorios, foros, talleres, charlas, entre otros, en especial en las ciudades, los impactos de la mega minería, particularmente en las mujeres, así como la resistencia que han venido levantando las mujeres para enfrentar a esta industria extractiva.
  • Realizar la Campaña: “Las Mujeres contra la Farsa Electorera”, en el marco de las elecciones burguesas del 2017.
  • Llevar a cabo por lo menos 2 Asambleas de Delegadas en el año, a fin de coordinar y concretar los acuerdos tomados.
  • Participación activa en la Marcha por la Defensa de la Economía Campesina, convocada por la Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI y la Coordinadora Campesina Popular CCP, a realizarse el día de mañana 26 de junio en Limón.
  • Dar la más amplia difusión a las resoluciones adoptadas en este Encuentro.
  • Hacer seguimiento del cumplimiento de las presentes Resoluciones.
  La Esperanza, 25 de junio de 2016 Luna Roja Coordinadora Campesina Popular CCP Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía Plataforma PachAntiminera Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI Retumba la Prole Vientos del Puebloabc

Me afecta Mariana

Yo vengo de un país muy lindo, maravilloso. Vengo de Brasil que habla portugués, de la copa del mundo, de las olimpiadas. Pero vengo también de un país que está viviendo un golpe contra la democracia, contra los derechos humanos, contra el pueblo trabajador. Vengo de un país que junto con Venezuela detiene 800 billones de barriles de petróleo, que es una Arabia Saudita.  Y que hay plan para Brasil y para América Latina. Pero soy afectada por las represas, por la minería, por un sistema capitalista, imperialista y patriarcal. Soy afectada por Mariana. Vivo a dos horas de donde Vale, BHP Billinton y Samarco mato el 5 de Noviembre del año pasado a 20 personas. Entre ellas  una mujer, como nosotras que estamos acá, que abortó a su hijo en la avalancha de residuos mineros. Fue arrastrada por más de mil metros y cuando llegó al hospital ya no tenía nada.  Ella no es reconocida como una persona que perdió a un ser querido. Esta compañera no quería perder a  su hijo. En Mariana hoy estamos viviendo uno de los peores crímenes de los últimos años y por eso queremos que todos ustedes se sientan afectados por las represas. Porque pagamos las energías más cara del mundo y nos preguntamos, ¿por qué hay tantas represas si el costo energía es cara? ¿Por qué se llevan a nuestra amiga Bertha, a nuestra compañera de lucha para construir una represa? Hoy está en disputa en el mundo quien será la gran potencia que va a controlar los estados, la fuerza de trabajo de los trabajadores, los recursos naturales y nuestras vidas. Y esta potencia esta entre Estados Unidos y China. Por eso nosotros, los afectados por las represasde Brasil, nos organizamos en todo el país discutiendo un nuevo modelo energético para Brasil y para el mundo. Queremos construir otro orden, otro mundo donde hombres y mujeres disfruten del fruto de su trabajo. Donde el sistema más corrupto que existe hoy en el mundo es el sistema capitalista, que te da solo una parte de tu trabajo, lo restante lo manejan ellos.  Nosotros tenemos la tarea de hacer algo o no para sobrevivir y acabar con este sistema  En Brasil decimos: « Patria libre. Venceremos ». Todos! Patria Libre… Venceremos! Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=XK-jhuJRnHU Fotografía: Cortesía del MABabc

El Estado mexicano sigue sin respetar los derechos de los Pueblos Indígenas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México A 16 de febrero de 2016 Boletín de prensa No. 03   A 20 años de los Acuerdos de San Andrés Hoy hace 20 años, en San Andrés Sakamch'em de los Pobres, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas. Son 20 años, en que el gobierno de México se ha negado a cumplirlos; 20 años de puesta en práctica en los territorios zapatistas, con la construcción de sus propias formas de gobernarse, primero a través de los Municipios Autónomos y posteriormente con los 5 Caracoles y sus Juntas de Buen Gobierno. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) considera que el Estado mexicano no sólo ha incumplido su obligación de respetar, garantizar y promover los derechos de los pueblos originarios, sino que ha violentado estos derechos de manera reiterada. Esto, para imponer su política económica y así avanzar en un modelo de desarrollo económico en beneficio de las empresas nacionales y extranjeras, en despojo a las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país. Las administraciones federales y estatales han pisoteado los derechos indígenas, particularmente a la libre autodeterminación, la autonomía y a la tierra y el territorio. Es el caso del pueblo nahua de Xochicuautla, en el Estado de México, que denuncia la devastación de su territorio por amenaza de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto del grupo Higa; y la Tribu Yaqui en Sonora, que ha ganado un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suspender el Acueducto Yaqui, que les quita el agua para abastecer a la industria en Hermosillo, sin embargo, las propias autoridades no han respetado esta decisión. También han sido atacadas las formas de gobierno que varias comunidades y pueblos originarios han construido, como las comunidades autónomas de Santa María Ostula y Cherán en Michoacán, agredidas por gobiernos locales, estatales y federal no pocas veces coludidos con la delincuencia organizada. Es importante señalar que continúa la política de contrainsurgencia del Estado mexicano en contra del EZLN y los pueblos en Chiapas que construyen caminos diversos al capitalismo neoliberal. Es evidente la militarización en zonas indígenas, el impulso a conflictos en comunidades con presencia zapatista, la instrumentalización de organizaciones campesinas para confrontar a Bases de Apoyo del EZLN y la utilización de programas gubernamentales asistencialistas para controlar y cooptar a la población que resiste. Además persiste el desplazamiento forzado y la impunidad en delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército mexicano y grupos paramilitares. Frayba reivindica el inalienable derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y a la libre determinación para definir sus propias formas de gobierno, así como su derecho a la tierra y el territorio, elemento fundamental de su cosmovisión y necesario para su sobrevivencia.abc

Las madres y la desaparición forzada de sus hij@s: más de 50 años ampliando las fronteras del derecho

Con un pensamiento especial para Hilda Legideño “Mamá, si desaparezco, ¿adónde voy? No lo sé, hijo. Solo sé que si desaparecieras te buscaría entre la tierra y debajo de ella. Tocaría en cada puerta de cada casa. Preguntaría a todas y a cada una de las personas que encontrara en mi camino. Exigiría, todos y cada uno de los días, a cada instancia obligada a buscarte que lo hiciera hasta encontrarte. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque te estoy buscando. Y si no me escucharan, hijo; la voz se me haría fuerte y gritaría tu nombre por las calles. Rompería vidrios y tiraría puertas para buscarte. Incendiaría edificios para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto quiero que regreses. Pintaría muros con tu nombre y no querría que nadie te olvidara. Buscaría a otros y a otras que también buscan a sus hijos para que juntos te encontráramos a ti y a ellos. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque muchos te buscamos. Si no desaparecieras, hijo, como así deseo y quiero. Gritaría los nombres de todos aquellos que sí han desaparecido. Escribiría sus nombres en los muros. Abrazaría en la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres; hermanas y hermanos que buscan a sus desaparecidos. Caminaría del brazo de ellos por las calles. Y no permitiría que sus nombres fueran olvidados. Y querría, hijo, que todos ellos no tuvieran miedo, porque todos los buscamos." Marcela Ibarra Mateos (La Jornada de Oriente, 22 de octubre del 2014). El proceso de desaparición forzada consiste en la aprehensión ya sea por arresto, detención o secuestro de una persona, realizada por agentes del Estado o en complicidad con ellos, su posterior retención arbitraria (lo que quiere decir que en el caso de que sea efectuada directamente por agentes del Estado, no respeten los procedimientos formales jurídicos que rigen las leyes del país), la negación de la retención ilegal y finalmente su desaparición [1]. Rafael Videla, presidente de Argentina por golpe de Estado (1976-1981) y el cual es considerado un dictador, decía con respecto a los detenidos-desaparecidos: “Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento equis. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento zeta. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene identidad. No está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido” (Pregunta a Videla sobre desaparrecidos 1979). El primer antecedente histórico que se tiene de la desaparición forzada se encuentra en el régimen Nazi, concretamente en el plan de acción llamado “Noche y Niebla. Directivas para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o las Fuerzas de ocupación en los Territorios Ocupados” (González Villarreal 2012). En él se especificaba que las personas que cometieran acciones contra el Reich y que por alguna razón no pudieran ser enviadas a ser juzgadas por un tribunal especial, deberían ser enviadas a un campo de concentración sin que parientes, amigos y/o conocidos supieran del destino de las personas detenidas. Las personas retenidas bajo estas circunstancias, las cuales no debían tener ningún tipo de contacto con el mundo exterior, serían identificadas por la anotación Nachtund Nebel (NN). Nadie debería saber la suerte que había corrido esta persona. Incluso en caso de muerte, la familia no debería de ser informada (Manjón-Cabeza Olmeda 2012, 12:10). Así, Noche y Niebla (NN) buscaba eliminar todo rastro de existencia de un ser humano y de todos sus documentos. Este dispositivo buscaba prolongar el control de las personas cercanas a la que desaparecía por medio del daño psicológico, ya que al no haber un cuerpo al cual darle sepultura no era posible cerrar el ciclo de la existencia de la persona desaparecida, de hacer el duelo. La eficacidad de terror de esta técnica contrainsurgente fue corroborada por las potencias occidentales, en particular por la armada francesa, que la retomó y perfeccionó durante las guerras de Indochina (1946-1954) y de Argelia (1954-1962) (Drouin 2012; Robin 2008). A América latina llegó en el contexto de la Guerra Fría y a través de dos mecanismos. Por una parte por la Escuela de las Américas (Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad) en donde desde Panamá, Estados Unidos entrenaba en métodos de represión, tortura, desaparición y asesinato a fuerzas públicas y militares de toda América latina (Robin 2009). Por otra parte y en particular a Argentina, llegó a través de misiones de entrenamiento de los escuadrones de la muerte de la Escuela Francesa (Robin 2008). Sí, escuadrones de la muerte “del país de los derechos humanos”. Existen casos emblemáticos en el Cono Sur donde la técnica de desaparición forzada se utilizó como parte de las estrategias de contrainsurgencia. Este dispositivo se asocia generalmente con Argentina y Chile durante las dictaduras de la década de 1970, pero algunos archivos que han sido desclasificados recientemente en Estados Unidos señalan que Washington asesoró al ejército de Guatemala para desarrollar esta práctica a partir de 1966, en lo que se llamó la Operación Limpieza (Grandin 2011). Sin embargo, esta técnica de control de la población por el terror no es exclusiva de las dictaduras militares, países como Colombia y México que, oficialmente no eran considerados como dictaduras pues habían elegido a sus gobernantes por medio del voto, también habían recurrido —y lo siguen haciendo— a la utilización de este dispositivo de terror. En México a partir del año 2006 las desapariciones forzadas han aumentado considerablemente como consecuencia de la estrategia de seguridad nacional que el presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) puso en marcha, la llamada Guerra contra el narcotráfico, la cual ha sido denunciada por diferentes organizaciones de derechos humanos como una estrategia de criminalización de la protesta social (Amnistía Internacional, Mining Watch, Centro Prodh, etc.). En septiembre del 2014, con la desaparición forzada en manos de agentes del Estado de los tres niveles de gobierno –local, regional y nacional– de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una escuela de educación popular, salió a la luz pública internacional la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, la cual —según las cifras oficiales— en 10 años se han generado más de 250 000 desplazamientos forzados, 100 000 muertes violentas y más de 27 000 personas desaparecidas. En paralelo, durante los últimos años, y como consecuencia de la grave crisis económica y de violencia por la que atraviesan varios países de Centroamérica, el flujo migratorio hacia Estados Unidos se ha intensificado. El paso por México es casi obligado y con él la exposición a todo tipo de violencias [2] incluida la desaparición forzada. El Movimiento Migrante Mesoamericano estima que entre 2006 y 2015 habría en el país entre 70 000 y 120 000 personas migrantes desaparecidas [3], cifra que se aunaría a las 27 000 mencionadas renglones más arriba. Las razones del porqué este grupo de personas en particular desaparece van desde el secuestro, la extorsión, la trata de blancas, el tráfico de órganos o incluso trabajos forzados para el crimen organizado. Desde los primeros casos de desaparición forzada en el continente y desde Argentina (Madres de la Plaza de Mayo) hasta México (Rosario Ibarra de Piedra del Comité Eureka), pasando por Uruguay (Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos), Colombia (Madres de la Candelaria), El Salvador (Comadres), etc., una imagen acompaña este dispositivo: las madres buscando a sus hijos. Si bien el sufrimiento por una persona desaparecida no es exclusivo de las madres, sí es la imagen de ellas la que ha acompañado a lo largo del continente y por más de 50 años la búsqueda de las y los desaparecidos. Además han sido sus luchas las que han hecho avanzar las legislaciones y logrado la creación de organismos específicos en torno a las personas desaparecidas. Como por ejemplo, del Banco Nacional de Datos Genéticos en Argentina impulsado por las Abuelas de la Plaza de Mayo, o la Ley de Amnistía en 1978 en México promovida por el Comité Eureka e incluso el reconocimiento al derecho a la verdad. Para el caso de las y los migrantes centroamericanos que desaparecen en México, desde 2006 cada fin de año llega al país una caravana integrada por mujeres de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador para buscar a sus hijos con quienes perdieron contacto en su paso por México. Estas caravanas recorren buena parte de las rutas migratorias del país con la esperanza de encontrar algún rastro de su hija o hijo desaparecido. Para poder atravesar el territorio mexicano, estas madres han establecido alianzas a nivel local con organizaciones sensibles a esta problemática, ya sea de ayuda a inmigrantes o de búsqueda de desaparecidos. Esta alianza solidaria además de facilitar la organización logística, disminuye considerablemente los costos y los riesgos a los que estas mujeres se someten, ya que las organizaciones locales suministran la alimentación y el hospedaje. Durante las primeras incursiones, las madres centroamericanas no podían hacerse muy visibles porque su estancia en el país era “irregular”, dormían en parques o iglesias donde pedían asilo de manera improvisada y se alimentaban gracias a lo que obtenían en acciones de boteo. Por lo mismo, sus posibilidades de éxito en esta búsqueda eran ínfimas y se exponían a muchos tipos de violencia como son las violaciones, las extorsiones o el maltrato físico y/o psicológico, entre otros. Las alianzas que han establecido con organizaciones locales, han contribuido de manera significativa a que a lo largo de los años, su búsqueda se haya hecho más visible y mediatizada, al igual que la empatía por su causa. Al punto de que su paso por México lo cubren televisoras nacionales sin interrogarse por su “derecho” a ejercer derechos políticos en el territorio nacional, como lo hacen en casos de participación política de otros actores extranjeros, como fue el caso del arresto y amenaza de expulsión del ciudadano chileno Laurence Maxwell por haber participado en una marcha que reclamaba la aparición con vida de 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada en septiembre del 2014 [4]. En este sentido, me gustaría hacer una breve reflexión sobre los derechos políticos que de facto ejercen las madres que integran estas caravanas centroamericanas. En el marco de lo formal-jurídico, éstas no tendrían derecho a ejercer ninguna actividad política en el país ya que el capítulo 3 del artículo 33 de la Constitución Política Mexicana estipula que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”. A pesar de este bloqueo jurídico que el Estado mexicano puede aplicar de manera arbitraria, cada año estas madres llegan a México a legitimar el ejercicio de acciones políticas. Las alianzas locales que han establecido, así como el simbolismo que representa la figura de la madre buscando a sus hijos, han logrado que sea socialmente aceptado el ejercicio de facto de derechos políticos en un Estado-nación al que no pertenecen pero que violó sus derechos humanos. Hasta el momento en ninguno de los instrumentos jurídicos internaciones existentes para prevenir y castigar la desaparición forzada se contempla el derecho de las y los deudos de las personas desaparecidas en un país extranjero a ejercer acciones directas en su territorio para hacer valer el derecho a la verdad. Tampoco contemplan su derecho a ejercer derechos políticos en otros países en circunstancias de crímenes de lesa humanidad como es el caso de la desaparición forzada. Y esto a pesar de que muchos de esos instrumentos se han creado gracias al impulso y la denuncia de familiares de desaparecidos, y principalmente de las madres. Estas caravanas nos muestran entonces la necesidad de ampliar los límites de la frontera del derecho, de lo que significa el ejercicio de los derechos políticos, del derecho a ejercer actividades de participación política no convencional sin importar la pertenencia a ese Estado, sobre todo si ese Estado-nación al cual se interpela les debe (nos debe) a alguien: ¡Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos!
Notas [1] La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas define la desaparición forzada como: “[El] arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o por grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (Asamblea General ONU 2010). [2] Por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, estima que cada año ingresan a México de manera “irregular” 150 000 personas (http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2). En 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), calculaba que para ese momento, se presentaban 20 000 secuestros de migrantes centroamericanos por semestre: CNDH (2011) Informe especial sobre secuestro de migrantes en México, 22 de febrero del 2011. [3] Comunicado de prensa (Cencos): Caravana de madres mesoamericanas, 8 de diciembre del 2015. En Movimiento Migrante Mesoamericano: https://movimientomigrantemesoamericano.org/2015/12/08/comunicado-de-prensacencos-caravana-de-madres-centroamericanas/ (Consultado el 8 de septiembre del 2016). [4] Coria E. y A. Martínez (2014) “Sobre la intromisión política de extranjeros en México” En Animal político. 1 de diciembre del 2014: http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2014/12/01/sobre-la-intromision-politica-de-extranjeros-en-mexico/ (Consultado el 8 de septiembre del 2016).
Bibliografía Asamblea General. 2010. « Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas ». Organización de las Naciones Unidas. http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx. Drouin, Marc. 2012. « La guerre contre-insurrectionnelle guatémaltèque. Sa généalogie, le déni des responsables et les sources historiques ». Montréal: Université de Montréal. González Villarreal, Roberto. 2012. Historia de la desaparición. Nacimiento de una tecnología represiva. México: Terracota. Grandin, Greg. 2011. The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War, Updated Edition. 2 edition. Chicago ; London: University Of Chicago Press. Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli. 2012. « 2012: Las posibilidades legales de la memoria histórica ». Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 14 (12): 12:1-12:42. Pregunta a Videla sobre desaparrecidos. 1979. https://www.youtube.com/watch?v=3AlUCjKOjuc. Robin, Marie-Monique. 2008. Escadrons de la mort, l’école française. Arte-France. ———. 2009. Torture made in USA.abc

Exilio

En un gemido evoco las montañas, en un gemido les pedí compasión. Esas enormes alturas si saben, vieron cómo se los llevaban para aniquilarlos, como los llamaban uno a uno para destrozarlos, hasta vencer sus fortalezas, hasta terminar con sus lealtades y con sus ambiciones... se los llevaron. Les mostraron el humo de los pasillos, sus gritos se transformaron en ecos. Se escribieron en diarios y revistas. Algunos se fueron con sus maletas de cuero usado, con sus ternos grises de invierno. Incansables esperaron en las filas de los aeropuertos, se convirtieron en tumulto. Sus cuerpos comenzaron a oler a destierro, judíos, españoles, pueblos. Olor a paquetes olvidados, a empanadas añejas, palabras repetidas, llanto de niños abandonados. Yo también comencé a impregnarme. Llene papeles interminables, interpele a mis hijos, los hice sentarse al final de una escalera de cemento, en silencio, les dije que un autobús pequeñito vendría por ellos, que no olvidaran sus cuadernos, apenas alcance a pasarles la mano por el pelo. Y ellos lloraron, suplicaron, me pidieron volver a la otra casa, la nuestra. Les enseñe a ser fuertes, a cerrar los puños... Si alguien les habla, no contesten. Si alguien los agrede, se defienden. No pasar. Esta prohibido.abc

La violencia en México: Un mal de larga duración

México se ha caracterizado en la última decena de años por vivir con altos índices de violencia. Una violencia que poco a poco dejó de ser un brote y se volvió endémica. La narrativa simple y plana señala como fuente casi exclusiva de esta violencia el narcotráfico. Las medidas emprendidas por el gobierno de Felipe Calderón en 2006 al declarar abiertamente una “guerra contra el narcotráfico”, se tradujeron en una fragmentación de los carteles que junto con la disputa por el control de las plazas provocaron un aumento de la violencia. Esta narrativa suele ser el argumento del gobierno y los principales medios de comunicación cuando se refieren a las causas que producen el ambiente violento, pero solamente refleja una pequeña parte de un cuadro mucho más amplio y complejo. Si queremos hablar de violencia en México, el primer elemento que surge en una conversación, por irrefutable, es el número de muertos. Durante el sexenio de Calderón (2006-2012) hubo más de 102,000 personas asesinadas según números de la ONU, mientras que en los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto las cifras llegan ya a más de 94,000. A estos muertos debemos agregarle 25-30 mil personas que están en calidad de desaparecidas. Las cifras indican una mortalidad semejante a la de países que viven en conflicto permanente como Irak, Afganistán o Somalia y únicamente por debajo de Siria. El primer error que suele hacerse sobre la violencia en México es asumir que todos los muertos están relacionados, en una grado mayor o menor, con el narcotráfico. Esa narrativa, suministrada por el gobierno y los medios de comunicación que sólo cuentan cadáveres no distingue entre víctimas y victimarios, todos son culpables en algún punto. Cuando alguien desaparece o es asesinado el lugar común es afirmar que “debió ser por algo” o “quien sabe en qué pasos andaría” otorgando un grado de culpabilidad y hasta de merecimiento a la víctima. Ese es el primer mito que se debe romper: no todos los asesinados son culpables, no todos tienen que ver con el narcotráfico y en el caso que si hubiera una conexión el derecho a la vida sigue siendo el máximo derecho al que aspire cualquier nación civilizada. ¿Por qué afirmar que no todas las personas muertas están involucradas? Bueno, además que una generalización tan amplia es muy absurda y solo denota signos de pereza mental de quien la hace, hay información que señala que las causales involucradas son más que el narcotráfico y que incluso van más allá de la última década. Es cierto que desde los años setentas México vivió una tendencia a la baja en las tasas de homicidio (altas en la primera mitad del siglo XX debido al periodo revolucionario y posrevolucionario) sin embargo, el homicidio siempre ha estado entre las diez principales causas de muerte de la población mexicana. De igual manera, México ha sido tristemente célebre a nivel internacional por los cientos de casos de feminicidio que se perpetraron en los años ochenta en ciudades fronterizas, siendo Ciudad Juárez el caso por excelencia. Esos feminicidios si bien lograron controlarse y hasta reducirse en la frontera, fueron en aumento en algunas otras zonas del país como el estado de México y Veracruz. Por otro parte, el homicidio es el último eslabón de una cadena de otros crímenes como el robo o el secuestro, ampliamente presentes en la sociedad mexicana. Para diferenciar entre la violencia por el narcotráfico y otros tipos de violencia podemos utilizar distintas categorías de análisis. Una de las más útiles, a mi parecer, es la que propone Elena Azaola distinguiendo entre una violencia criminal ya cotidiana en México y otros tipos de violencia que ella denomina como a) violencias de siempre y b) violencias estructurales [1]. Estas dos categorías sirven mucho para desmitificar la narrativa que ha surgido en torno a la violencia en México como ligada, simple y llanamente, al narcotráfico. Las violencias de siempre Antes de esta última década (2006-2016) había en México poco literatura sobre la violencia, concepto polisémico y volátil. Hannah Arendt ha sido un clásico al que acudimos cada vez que nos enfrentamos a estas cuestiones. El antropólogo Santiago Genovés y su “Expedición a la violencia” ha sido una afortunada lectura para los estudiantes desde la preparatoria. Los libros que en últimas fechas han abordado el tema de la violencia suelen contar muertos y hacer estadísticas, útiles sin duda, pero que no ahondan en las causas y circunstancias específicas. El narcotráfico no es el alfa y omega de la violencia. Ésta debe analizarse también a la luz de lo que sufren y experimentan distintos grupos vulnerables: niños, ancianos, mujeres, migrantes, comunidad LGTB, etc.  Mucha de esta violencia se ha gestado en la familia misma. Un padre que es explotado y vejado en su trabajo, con un salario de hambre y que suele encontrar en el alcohol un paliativo momentáneo a su triste y cruel realidad suele replicar la violencia que la sociedad le inflige dentro del ámbito familiar afectando a la pareja y a los hijos que a su vez serán susceptibles de volver a replicar el cuadro una generación posterior. Hay demasiados grupos vulnerables en México, todos ellos susceptibles de padecer violencia en una o varias etapas de su vida. La violencia estructural Pobreza, desigualdad, exclusión social, pérdida de derechos sociales. Todo eso es violencia. Una violencia ejercida por un sistema económico, político y social que no garantiza los derechos de nadie. Es violencia ejercida por instituciones de gobierno que no protegen derechos sino defienden los privilegios de los sectores mejor posicionados. Es una violencia que se ejerce de arriba hacia abajo y que sin dañar físicamente de manera concreta provoca la angustia, el estrés, y el dolor de millones de ciudadanos. De igual manera, el análisis estadístico arroja que el grupo donde se comenten la mayoría de los homicidios es el sector juvenil lo que habla de la poca capacidad del Estado de incorporar a sus ciudadanos más jóvenes en el sector laboral con empleos que ofrezcan salarios y prestaciones sociales dignas. Una argumentación común es que los jóvenes se dedican al negocio del narcotráfico atraídos por el lujo y el dinero fácil. Si consideramos que en los últimos tiempos a un sicario (asesino a sueldo) se le paga un salario mensual fijo menor a 400 dólares y que un “halcón” (niños y jóvenes que informan de los movimientos en una zona) un salario mensual de alrededor de 200-250 dólares, la tesis de la riqueza fácil es insostenible. El narcotráfico ofrece lo mínimo: un salario mal pagado y sin prestaciones, pero eso mínimo es algo que el gobierno mexicano no ha podido garantizar en la últimas dos décadas y que ha coincidido con el punto más alto del bono demográfico. Del millón de empleos que el país necesita crear anualmente, no se han logrado generar ni la mitad por año, la gran mayoría de ellos en el sector informal lo que nos habla de empleos transitorios, mal pagados y sin seguridad social. A lo largo de los últimos años se ha intentado concientizar entre amplios grupos de la población que la pérdida de derechos es también violencia. Aunque claro, eso se omite en los discursos oficiales y en el maisntream de las narrativas de la violencia en México. Aunque pareciera clara la diferencia, habría que insistir que pobreza y desigualdad no son lo mismo y que la desigualdad es la que genera un mayor conflicto social. En una sociedad donde todos son igualmente pobres o tienen una cantidad de recursos similares existen pocos conflictos sociales que deriven en situaciones violentas. La violencia ha ido en aumento en México con posterioridad a la entrada en vigor del TLCAN (NAFTA) cuyo funcionamiento ha enriquecido a unas cuantas familias mexicanas mientras que ha empobrecido a millones de trabajadores y sus familias debido al abaratamiento del trabajo. Es la desigualdad económica, tan característica del capitalismo tardío la que cada día origina más conflictos sociales y un sentimiento de exclusión más que de pobreza, que puede derivar en situaciones violentas ante la angustia y la frustración. En el sistema estadounidense, por ejemplo, el sentimiento de exclusión parece tener en el sistema de salud una de sus principales causas de conflicto y violencia, ilustrado en diversos productos de la cultura popular del cine y la televisión, como lo ejemplifica la popular serie de televisión Breaking Bad. ¿Qué justicia con corrupción e impunidad? Elementos estructurales del sistema político mexicano son la corrupción y la impunidad, ambas coparticipes del aumento de la violencia. En marzo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México y fue muy precisa en su diagnóstico: la corrupción e impunidad son un abrevadero para la violencia endémica que vive el país. La impunidad es una de las principales razones por las que la violencia se reproduce. En México hay la sensación que nadie castigará al culpable, sea por incompetencia de las autoridades o por la tremenda corrupción que caracteriza al Estado, incluyendo al aparato judicial y a los cuerpos que ejercen funciones policiales y de vigilancia [2]. Otra condición que podría ser estructural han sido las respuestas en materia de políticas públicas que ha dado el gobierno en materia de seguridad. Al declarar la “guerra contra el narco” el gobierno de Felipe Calderón les encargó al Ejército y a la Marina funciones de protección civil y policial para las que no están entrenados sus miembros y que ha dejado secuelas más negativas que positivas. Sobre este punto se ha insistido desde hace algunos años [3]. El Ejército y la Marina suelen estar adiestrados para situaciones de guerra donde la defensa de derechos humanos no es una prioridad, incluyendo el derecho a la vida. El resultado ha sido un índice muy alto de letalidad en las actividades que ambos grupos realizan en la lucha contra el narcotráfico. En esta perspectiva, el criminal no tiene derecho a nada, ni a la vida misma, lo que ha provocado una serie de eventos donde hay ejecuciones de civiles por parte de las fuerzas armadas. Tanhuato, Tlatlaya y los normalistas ejecutados en Ayotzinapa son ejemplo que no hay un respeto a la vida de los civiles (culpables o inocentes) por parte de un amplio sector de las fuerzas de seguridad [4]. Otra condicionante es la debilidad institucional que se manifiesta en el sistema de justicia nacional, uno de los órganos más corruptos de las instituciones mexicanas. La desconfianza hacia las instituciones que imparten justicia es de tal magnitud que solamente 7% de los delitos son denunciados y efectivamente investigados. De cada 1000 delitos solamente 1.4 recibe algún castigo mientras que los otros 998 quedan impunes. La gente no denuncia los delitos porque las policías, el Ministerio Público, las procuradurías de justicia, los jueces, todos son percibidos como corruptos por la mayoría de la población según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) [5]. Y así, el círculo vicioso de la violencia se reproduce de manera interminable gracias a la impunidad de los delincuentes y a la corrupción de las autoridades. Conclusiones La violencia en México es un asunto que no se limita al narcotráfico sino que tiene una relación directa con la forma en que los últimos gobiernos han implementado un modelo económico que fragiliza y violenta a la mayoría de la población. De igual manera la discriminación de grupos vulnerables (mujeres, niños, comunidad LGBT, migrantes) debe dejar de ser soslayada y ocupar un lugar central en la discusión y en las políticas públicas nacionales. También se deben atender las recomendaciones que en materia de derechos humanos han hecho organismos nacionales e internacionales sobre las constantes violaciones y excesos por parte de las fuerzas armadas. Se debe reformar por completo el sistema de justicia, algo sobre lo que se ha trabajado en los últimos años pero que no ha sido aterrizado en reformas de ley. Y lo más importante, entender que la narrativa de la violencia no es exclusiva del narcotráfico sino que ésta forma parte de algo más complejo, resultado de un sistema lleno de corrupción e impunidad. Hay que entender que muchas veces la violencia es ejercida por el propio Estado hacia sus ciudadanos en los salarios de hambre y la carencia de seguridad social, en los sistemas de vigilancia y justicia putrefactos y en la incapacidad de generar políticas de inclusión de grupos vulnerables. Abordar el fenómeno de la violencia sin atender sus causas estructurales y de larga duración sólo será como darle aspirinas al enfermo de cáncer. Fotografía: Photographie prise à la ville de Mexico, Mexique, 2013. Photographie de Javier Otaola
Notas [1] Elena Azaola. «La violencia de hoy, las violencias de siempre» Desacatos, no. 40, septiembre-diciembre 2012, p. 13-32. [2] Gilles Bataillon. «Narcotráfico y corrupción: las formas de la violencia en México en el siglo XXI» Nueva Sociedad, No.255 enero-febrero 2015, p. 54-68. Javier Buenrostro, «Corrupción: Un gran lastre para México» Nueva Sociedad, Mayo 2016. Dirección URL: http://nuso.org/articulo/corrupcion-un-gran-lastre-para-mexico/ [página consultada en agosto de 2016]. [3] Carlos Silva, Catalina Pérez Correa, Rodrigo Gutiérrez. «Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad» Documento de trabajo, dirección URL: http://historico.juridicas.unam.mx/novedades/letalidad.pdf [página consultada en septiembre de 2016]. [4] Sobre estos tres casos existe una amplia literatura en periódicos, revistas y sitios de internet. Aquí consignamos solamente un botón de la amplia muestra. Sobre Tlatlaya: Mario Patrón (2015), «Tlatlaya: Recuento, pendientes y un riesgo latente» Nexos, en línea: http://www.nexos.com.mx/?p=26628  [página consultada en agosto de 2016]; sobre Tanhuato: Raúl Zepeda (2015) «Tanhuato/Ecuandureo: ¿disuasión violenta o descontrol armado?» Horizontal, en línea: http://horizontal.mx/tanhuato-ecuandureo-disuasion-violenta-o-descontrol-armado/ [página consultada en línea septiembre de 2016]; sobre Ayotzinapa: Javier Buenrostro (2014) «Ayotzinapa: quand la violence de l’État et celle des groupes criminalisés ont les mêmes fins» Histoire Engagée, en línea http://histoireengagee.ca/wp-content/uploads/2014/12/BUENROSTRO-Javier.-Ayotzinapa-quand-la....pdf [página consultada en agosto de 2016]. [5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015). Situación de Derechos Humanos en México. En línea: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf [página consultada en septiembre de 2016].abc

No somos las muertas de Juárez

Discurso de Itzel González de la Red Mesa de Ciudad Juárez, al Foro social mundial, 2016 Vengo de una ciudad que ha sido uno de los laboratorios del sistema capitalista y patriarcal. Una ciudad que ha conocido la guerra. Una guerra que no pedimos. Una guerra que en cuatro años bañó de sangre las calles. Que en cuatro años vio a 11 000 de sus hijos e hijas asesinadas. Una ciudad marcada por la militarización y la violencia extrema contra las mujeres, por los feminicidios. Digo Juárez y seguramente piensan en cruces rosas, en violencia. Pero estoy aquí para decirles y para transmitir la palabra de tantas y tantas mujeres que no están aquí conmigo físicamente pero que sé que están en su espíritu, en su pensamiento y que me acompañan con sus luchas.  Estoy aquí para decirles que las mujeres en Ciudad Juárez somos más que esas cruces rosas en el desierto. Que somos mujeres que luchamos, que creamos, que damos vida en medio de tanta desolación y de tanta muerte y destrucción. Somos mujeres que salimos a trabajar día con día, que sostenemos nuestra ciudad. Que amamos, que tenemos sueños, que buscamos la alegría y aun con todo y todo todavía reímos. No somos las muertas de Juárez como el sistema capitalista, el sistema patriarcal nos ha querido hacer ver frente a los ojos de los demás y en esa forma ha querido robarnos la fortaleza y robarnos la posibilidad de seguir luchando y de seguir organizándonos. No estamos muertas, no. Somos las herederas de las luchas de aquellas que nos antecedieron y que abrieron caminos para nosotras para que podamos seguir andando. Somos herederas de las madres que han defendido con uñas y dientes la memoria de sus hijas, ¿para qué? Para que no se nos olviden sus rostros. Para que no se nos olviden sus historias, los sueños, los anhelos que tenían y que vieron truncados en manos de los señores de la muerte. Somos las que seguimos las huellas de esas mujeres que nos han dado aliento, que nos han empujado y que nos han enseñado a luchar. No estamos muertas. No somos las muertas de Juárez. Somos mujeres que luchamos. Y les pido que alcen la voz conmigo, que sigamos denunciando pero que también sigamos soñando, que sigamos caminando ¡Ni una más!abc