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7 de noviembre de 2025A primeras horas de la mañana, Jhon me recoge en el hotel del pueblo. Las carreteras ya están llenas de motos cargadas de personas dedicadas a la minería que van de camino al trabajo. Es un trayecto corto desde la entrada de Providencia hasta los portones de Gramalote, el sitio que podría convertirse en el mayor proyecto de minería a cielo abierto de oro de Colombia. Pasamos el primer retén de seguridad, Jhon levanta el pulgar al guardia y aceleramos por un potrero cubierto de maleza hasta el siguiente portón. Desde ahí, atravesamos un sendero de tierra previamente trazado por las motos que nos conduce al corazón de la montaña. El sendero termina antes de llegar a nuestro destino y continuamos a pie.
Avanzamos entre carteles de advertencia amarillos y bocaminas artesanales hundidas, túneles derrumbados y herramientas calcinadas por la policía, producto de la campaña contra la minería «ilegal» que destruye los espacios donde hombres y mujeres trabajan para sostener a sus familias. Al coronar la loma, por fin aparece lo que buscábamos: la catarata. El paisaje es sobrecogedor — bosque denso, picos de piedra filosa, torrentes de agua estrellándose contra el río. Sin embargo, la presencia de la empresa se siente en todas partes. Justo al otro lado del río se encuentra la entrada principal de la propiedad de Gramalote; justo a la derecha, se alza un cuartel militar. La playa al pie de la cascada está vacía. «Esto era nuestro, nuestra riqueza», dice Jhon en voz baja.
Providencia — uno de los corregimientos más grandes de San Roque, Antioquia — ha dependido desde siempre de los ríos que surcan sus montañas. Por generaciones, las familias han vivido de la minería artesanal y de la agricultura, con una vida cotidiana íntimamente ligada a la tierra y al agua que las rodean. A inicios del 2000, los pobladores se enteraron de que ese mismo territorio había sido concesionado para su explotación a gran escala, hoy liderada por la empresa canadiense B2Gold.
Desde entonces, y por más de una década, los habitantes han luchado por defender su agua, sus medios de subsistencia y para que su sentido de pertenencia no sea borrado. La historia de su catarata encarna el corazón de ese conflicto. Lo que sigue no es solo el relato de una mina proyectada, sino también la narración de cómo el agua, la violencia y el arraigo se han entrelazado en este rincón de Antioquia — una historia con ecos en toda la frontera extractiva latinoamericana.
La llegada de Gramalote
La historia de Gramalote en San Roque se remonta a mediados de los noventa, cuando se otorgaron los primeros títulos a compañías extranjeras. Pero no fue sino hasta 2004 que la población comenzó a enterarse de la mina proyectada y de su envergadura. Al inicio, algunas personas recibieron la noticia con un optimismo cauteloso.
Con el tiempo, ese optimismo inicial se fue desmoronando. Las y los líderes de ASOMICROPRO, la asociación local de mineros y mineras que negociaba en nombre de la comunidad, empezaron a desconfiar de las intenciones de la empresa. Se dieron cuenta de que las negociaciones estaban diseñadas para debilitar la cohesión: se alentaba a personas vecinas a competir entre sí por compensaciones o por participar en proyectos, y se sembraban promesas de desarrollo que nunca se concretaron. La esperanza que al principio iluminaba sus expectativas se transformó en desconfianza y, más adelante, en resistencia.
En 2013, las tensiones reventaron, y ASOMICROPRO organizó su primer paro, un bloqueo a las afueras del proyecto. El ciclo se repitió durante años: promesas de proyectos productivos que eran abandonados, representantes de la empresa que cambiaban y obligaban a empezar de cero. En 2017, las tensiones estallaron de nuevo. Durante 33 días, ASOMICROPRO y sus vecinos sostuvieron una protesta en los portones del proyecto. La respuesta no fue diálogo, sino fuerza: la policía y el ejército llegaron para disolver el bloqueo. Semanas después, varias de las personas líderes fueron llamadas a la fiscalía local, mientras que voceros de la empresa tachaban de contaminadores y revoltosos a quienes se oponían, aun cuando Gramalote proyectaba una excavación minera capaz de transformar el paisaje para siempre.
Sobrevivir y pertenecer
Cuando llegué en 2023, la historia que escuché ya no era de desarrollo, sino de pérdida. John Yepes, abogado de derechos humanos que ha acompañado a ASOMICROPRO en demandas contra Gramalote, me explicó: «Los niños nacían en la montaña con el canto de los pájaros; podían bañarse en el río y trepar a los árboles. A pesar de la precariedad económica, la naturaleza y la armonía con el entorno formaban parte de la vida. Ahora ya no queda lugar para ello; porque ahí late el corazón del proyecto minero».
La magnitud del proyecto hace casi inevitable el desarraigo, tanto físico como emocional. Para abrir el tajo y los botaderos, barrios enteros tendrían que ser desplazados, sin garantías reales de que las familias pudieran sostener su forma de vida en otro sitio. Para las personas residentes, la lucha es por la tierra y por el arraigo: ese vínculo profundo atado a generaciones de trabajo, agricultura y minería en el mismo lugar. Conocí a Santiago durante una de mis visitas a las minas amenazadas. Descansando a la sombra después de una jornada extrayendo piedras del suelo, me dijo: «Lo que estamos peleando es nuestra ancestralidad. Extraemos oro desde la llegada de los españoles. Es parte de nuestro legado».
Violencia y extracción
El conflicto en torno a Gramalote no puede entenderse sin la violencia que marcó San Roque mucho antes de la llegada de B2Gold. Entre 1990 y 2006, más de 8 900 personas que habitaban la zona fueron desplazadas por la violencia paramilitar. En esos años, grupos paramilitares perpetraron masacres, asesinaron a líderes y consolidaron su control de las tierras en la región. Una de las fincas en el centro del proyecto de Gramalote sirvió de sede paramilitar; esa propiedad había pertenecido al padre del expresidente Álvaro Uribe. Para muchas personas en Providencia, la continuidad salta a la vista: la misma violencia que vació y silenció el territorio abrió paso a la extracción.
De regreso en su mina, Santiago me explicó cómo esa historia aún marca el presente. «Es difícil alzar la voz», me dijo, «porque la empresa es poderosa y controla todo — hasta la fuerza pública». Una vez, al llegar al socavón, encontró un cartel con su nombre que lo señalaba como terrorista. «Da miedo, temor», agregó en voz baja. Viéndolo — con la cara todavía juvenil — era duro reconciliar la imagen del muchacho que tenía enfrente con la etiqueta que lo perseguía.
La catarata
Por las aguas de la catarata corren los recuerdos de violencia, desarrollo y pérdida. Durante décadas, la catarata fue el alma de Providencia. En fotos antiguas aparecen parejas, familias y amigos sonriendo desde sus aguas. Incluso en los peores años del conflicto armado, vecinos y vecinas se reunían ahí los fines de semana, con gaseosas y bocados, para bañarse y posar para la cámara. Hoy ya no queda nada. El sitio está cerrado con letreros de propiedad privada, custodiado por un batallón militar en el mismo terreno donde antes estuvieron los paramilitares.
Su clausura ha supuesto una doble pérdida. Cortó una de las dos principales fuentes de agua de Providencia y, al mismo tiempo, borró un espacio común donde la gente se juntaba para nadar, cocinar y celebrar. Su desaparición nos recuerda cómo la extracción no solo remodela los paisajes físicos, sino también el tejido social que mantiene unidas las comunidades.
Conclusión
Por ahora, Gramalote avanza. En un estudio de factibilidad publicado este año, B2Gold aseguró que el proyecto cuenta con «total respaldo de la comunidad», repitiendo que será un modelo de extracción responsable en América Latina. La realidad es otra: un apoyo fracturado, erosionado por el miedo y las promesas incumplidas. Algunas personas residentes, cansadas de los ciclos de negociación y represión, han dejado de resistir. Otras personas siguen peleando, aun con el riesgo de ser judicializadas o algo peor.
Antes de dejar la catarata ese día, Jhon señaló la piedra bajo nuestros pies. Incluso sin ser minero, veía el oro brillar en la roca. «Por esto quieren la mina acá», dijo. «¿Te imaginas todo esto convertido en un tajo?». Su voz se apagó. Tras un largo silencio, acarició la piedra con suavidad. «Yo la prefiero así».
Traducción por Andréa Enríquez López
Notas
Algunos nombres han sido cambiados
Fuentes
Comisión para el Esclaremiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (2020). San Roque: De La Doctrina Contrainsurgente al Extractivismo. Medellín: ASOVISNA y CJL.
McBride, B. (2025). » Study Bumps Value by 21% at B2Gold’s Gramalote Project in Colombia. » Mining.com.
Jamie L. Shenk es investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Warwick (Reino Unido). Lleva una década estudiando las dinámicas y los legados del conflicto armado colombiano. Su investigación actual analiza los contratos de colaboración entre las fuerzas de seguridad del Estado y las empresas extractivas.







